En las estrechas calles de Ancuya, Nariño, la vida transcurre entre la incertidumbre y la esperanza. Desde aquel fatídico abril de 2022, cuando un movimiento en masa alteró para siempre la tranquilidad de la calle primera, la comunidad se enfrenta a un viacrucis constante, marcado por la amenaza latente sobre 39 viviendas.
Los estudios previos no dejan lugar a dudas: la situación es crítica. El talud, testigo mudo de la tragedia, se erige como un gigante desafiante, amenazando con cada instante la estabilidad de los hogares que lo rodean. Ante este panorama desolador, las instituciones han unido esfuerzos en una carrera contrarreloj por preservar la vida de las familias afectadas y estabilizar la zona.
La alcaldesa de Ancuya, Elizabeth Portilla, como vocera de la comunidad, expresando con firmeza la preocupación que embarga a todos. En sus palabras, resonantes de urgencia y determinación, se refleja el clamor por una pronta solución. «La calle Primera debe ser reubicada», insiste, subrayando la necesidad de una acción coordinada entre el gobierno local, el departamento y la Nación.
En esta lucha contra el tiempo, el director Administrativo de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Gabriel Ocaña, destaca la importancia de involucrar a la comunidad en cada paso. La realización de un censo riguroso es el primer paso en la construcción de una respuesta efectiva, donde cada familia afectada cuenta y su seguridad es prioritaria.
La sinergia entre los distintos niveles gubernamentales es clave en este camino hacia la estabilización del sector afectado, donde la colaboración y la solidaridad se erigen como faros en medio de la tormenta.
En medio de esta realidad crítica, Ancuya no se rinde. La comunidad, con su resiliencia a flor de piel, busca respuestas urgentes, sabedora de que sólo a través de la unión y la acción conjunta se podrán superar los desafíos que enfrentan. Entre la amenaza y la esperanza, Ancuya se aferra a la certeza de un futuro más seguro para todos sus habitantes.
El paisaje, marcado por la amenaza inminente, no solo conmueve por el peligro que acecha a cada esquina, sino que también revela un trasfondo económico que se despliega en capas de preocupación y desafío.
Las casas, algunas maltrechas por los estragos del deslizamiento, experimentan una desvalorización que trasciende lo material. Es el peso del miedo y la incertidumbre, que se traduce en una disminución del valor de las propiedades, sumiendo a los propietarios en un mar de preocupaciones que rebasan las fronteras de lo tangible.
La necesidad imperante de reubicación no solo despierta el dilema de encontrar nuevos hogares seguros, sino que también abre un abismo de dificultades económicas. Los costos adicionales para las familias y el municipio en términos de infraestructura y servicios básicos se suman al peso de una carga que parece volverse cada vez más abrumadora y sumir en la penumbra a las familias se ven obligadas a dejar sus hogares y trasladarse a otros lugares.
La esperanza, sin embargo, no se desvanece en el horizonte incierto. La colaboración entre diferentes niveles gubernamentales es urgente, necesaria y se espera efectiva en medio de la tormenta, ofreciendo una mano extendida hacia la seguridad y la estabilidad integral de las familias. En la unión de esfuerzos y voluntades, Ancuya encuentra su fortaleza, su determinación de superar los desafíos que se ciernen sobre ella y de construir, paso a paso, un futuro más seguro.
