La reciente respuesta del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), ha despertado una serie de reflexiones y cuestionamientos en torno a las denuncias publicadas por El Espectador sobre posibles conflictos de interés y contrataciones millonarias en su administración. Las palabras del mandatario, en defensa de su gestión, contrastan significativamente con las revelaciones que ha expuesto la prensa nacional. ¿Estamos ante un caso de manipulación mediática para desprestigiar a un líder político o hay verdaderas irregularidades que deben ser esclarecidas?
La versión oficial del gobernador
Escobar ha sido contundente al afirmar que no existe ninguna ilegalidad en los contratos vigentes. En su hilo en X, destacó que las alianzas previas entre la Corporación para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental (Cordesa) y la empresa Ingeniería de Proyectos Stanford S.A.S. no constituyen una «sociedad comercial», sino una unión temporal para proyectos específicos. Además, aclaró que las designaciones de contratos bajo el Decreto 299 de 2024, expedido por su administración, cumplen con todas las disposiciones legales. Según él, de los siete proyectos priorizados, solo uno ha sido asignado a Stanford, específicamente el estadio de La Tola por un valor de 5.377 millones de pesos.
El Gobernador también resaltó que el Fondo Mixto para la Promoción de las Energías Renovables (FONER), señalado en las investigaciones, tiene mayoría de participación de municipios como La Tola y Magüí Payán. En su defensa, aseguró que la ejecución de estos proyectos ha avanzado de manera eficiente, alcanzando un 42% de ejecución en dos meses en el municipio de Francisco Pizarro. Además, puntualizó que su papel en la selección de los contratistas ha sido nulo, ya que estos procesos fueron responsabilidad del FONER bajo su propio manual de contratación.
Lo que dicen las investigaciones
El artículo de El Espectador fue mucho más allá al relacionar al Gobernador con una red de contrataciones y conflictos de interés que implican un uso potencialmente indebido de los recursos de regalías. Aunque Escobar se desmarca de cualquier relación con José Wilson Peña, exsocio de Stanford, el periódico señaló que esta empresa ha sido una de las principales beneficiadas en su administración. La investigación recordó un vínculo histórico entre ambos personajes desde 2021, cuando Cordesa y Stanford obtuvieron contratos millonarios para el fortalecimiento de maquinaria en Nariño, lo que encendió las alarmas de posibles irregularidades.
Además, el artículo puso en evidencia cómo FONER ha recibido contratos por un total superior a 48 mil millones de pesos en tan solo dos años, lo que despierta serias dudas sobre la transparencia en la adjudicación de estos proyectos. Las suspicacias crecen al considerar que este fondo, creado en 2022, ya había sido cuestionado por su falta de experiencia y solidez financiera para asumir contratos multimillonarios.
La disputa entre narrativas
La reacción del Gobernador pone en evidencia la tensa relación entre los medios y el poder político en Colombia. Mientras Escobar se esfuerza por transmitir una imagen de integridad, argumentando que su administración es fiscalizable y dispuesta a la rendición de cuentas, las investigaciones periodísticas sugieren que podría haber un trasfondo más oscuro en la asignación de recursos públicos. Es inevitable cuestionarse si la administración actual, alineada con el movimiento Pacto Histórico del presidente Petro, está siendo objeto de una cacería política o si, por el contrario, hay elementos de corrupción que deben ser investigados con mayor rigor.
Por otro lado, la narrativa de Escobar de que «no ha entregado proyectos a ningún exsocio» y que se trata de ataques reciclados desde su campaña, intenta desviar la atención hacia un posible ataque político en su contra. Sin embargo, la ausencia de respuestas por parte de su excolaborador José Wilson Peña y el silencio ante los expedientes abiertos por la Contraloría sugieren que hay más preguntas que respuestas en este enredo de contrataciones.
Transparencia o cortina de humo
La claridad con la que el Gobernador expone su versión de los hechos es digna de reconocimiento, pero también debe ser recibida con escepticismo. ¿Es posible que Escobar esté jugando con tecnicismos legales para justificar sus relaciones pasadas con Stanford y FONER? ¿O estamos ante un caso en que las denuncias carecen de sustancia y buscan únicamente minar su credibilidad ante el electorado?
Escobar ha invitado a las autoridades a fiscalizar su gestión, un movimiento audaz que podría ser interpretado como un acto de transparencia genuina. Sin embargo, no podemos ignorar que en Colombia, los escándalos de contratación suelen desvanecerse en la burocracia judicial. Por lo tanto, este caso debería ser el punto de partida para una auditoría rigurosa por parte de los entes de control, que permita a los nariñenses saber si sus recursos están siendo administrados con transparencia o si están siendo desviados para beneficiar a unos pocos.
El reto para Escobar y su legado
Lo que está en juego no es solo la reputación de un Gobernador, sino la confianza de una región que ha depositado su fe en una nueva forma de gobernar. El Pacto Histórico ha prometido un cambio profundo en la manera de hacer política en Colombia, pero este tipo de denuncias, si no son abordadas con total transparencia, pueden erosionar la credibilidad de un movimiento que se presenta como la esperanza de un cambio real.
Escobar, en su defensa, ha ofrecido una narrativa que enfatiza la legalidad y la eficiencia en la ejecución de los proyectos. Sin embargo, solo un escrutinio exhaustivo y transparente puede resolver si estos contratos representan una gestión efectiva o un desvío de recursos que, como en muchos otros casos en el país, terminan beneficiando a unos pocos a expensas del bienestar común.
Los nariñenses merecen respuestas claras y acciones contundentes. Y para Escobar, la verdadera prueba de liderazgo será si está dispuesto a someter su gestión al escrutinio público sin reservas. Porque en última instancia, la confianza de los ciudadanos es el recurso más valioso que un gobernante puede perder.
