El centralismo y su asfixiante control sobre los recursos y la administración pública en Colombia vuelven a estar en el centro del debate político. ¿Es el referendo por la autonomía fiscal la solución que las regiones necesitan, o solo otro capítulo en una lucha histórica entre centralistas y federalistas?
La lucha entre centralismo y federalismo: una historia repetida
La historia política de Colombia se puede sintetizar como una constante pugna entre centralistas y federalistas. Este enfrentamiento, que marcó el siglo XIX, se tradujo en cruentas guerras entre liberales, quienes defendían la autonomía provincial, y conservadores, quienes abogaban por un Estado central fuerte. El debate, aunque menos violento hoy, sigue vigente en las dinámicas políticas del país.
En el siglo XIX, los centralistas se centraron en acumular el poder económico y político en una sola entidad estatal, argumentando que esto era necesario para consolidar el país frente a amenazas externas y garantizar la estabilidad interna. Desde la Constitución de 1886, el centralismo consolidó su hegemonía, otorgándole al Gobierno nacional competencias exclusivas para recaudar impuestos y dirigir el desarrollo económico mediante planes nacionales.
Por otro lado, los federalistas han abogado históricamente por una mayor autonomía territorial. Su visión de las provincias —y ahora departamentos— como repúblicas independientes con autonomía financiera y legislativa ha chocado con la concentración de poder en Bogotá. Este ideal, aunque vigente en ciertos sectores, ha sido erosionado por las limitaciones de la Constitución de 1991, que centralizó aún más el manejo de los recursos fiscales, dejando a los departamentos y municipios dependientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
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Asfixia regional: el centralismo como obstáculo al desarrollo
El representante Juan Daniel Peñuela, que llama la atención por se conservador, denunció recientemente el efecto devastador del centralismo sobre regiones como Nariño, donde el 95% de los municipios son de sexta categoría y dependen casi por completo del SGP. Peñuela calificó de «urgente» la aprobación de un nuevo sistema de distribución de recursos, que permita a las autoridades locales atender las necesidades de sus comunidades sin la constante peregrinación a la capital en busca de recursos. Esa distribución puede ser igualitaria o equitativa, y ese seguro será un punto de discusión, entre otros como los componentes de desarrollo empresarial e industrial, la misma población, entre otros factores, que hacen compleja la determinación de una propuesta al respecto.
“Los alcaldes tienen que mendigar en Bogotá. Si son de la línea del Gobierno nacional, tal vez los atienden; si no, se enfrentan a un bloqueo total»
Representante Juan Daniel Peñuela
Además Peñuela, evidenció cómo los sesgos políticos agravan las desigualdades regionales. Este modelo no solo ha asfixiado a las regiones, sino que ha generado un círculo vicioso de ausencia estatal, pobreza y conflictos sociales.
Además, los departamentos con mayor aporte fiscal, como Antioquia, alzaron su voz en contra de lo que perciben como una injusta redistribución. Gobernadores y líderes políticos de estas regiones cuestionan que sus aportes a la nación no se traduzcan en beneficios proporcionales, ese punto de partida plantea de por si un problema por las diferencias y desigualdades que se presentan en las regiones. Sin embargo, todo está alimentando un creciente descontento hacia el modelo centralista.
El referendo por la autonomía fiscal: ¿la solución definitiva?
Ante esta problemática, se ha propuesto un referendo para modificar el artículo 298 de la Constitución de 1991. La iniciativa, liderada por el gobernador de Antioquia, busca otorgar a los departamentos la capacidad de gravar la renta y el patrimonio de sus residentes y empresas, lo que podría duplicar los recursos que actualmente reciben a través del SGP.
El comité promotor planea recolectar cuatro millones de firmas para garantizar que el referendo avance, con la esperanza de movilizar al menos 10 millones de votantes en las urnas. Este proyecto ha generado entusiasmo en sectores federalistas, que lo ven como una oportunidad para lograr una verdadera descentralización y empoderar a las regiones.
Sin embargo, los críticos advierten sobre los riesgos asociados. La autonomía fiscal, si no se implementa con cuidado, podría profundizar las desigualdades regionales y desestabilizar las finanzas del país. También plantea preguntas sobre cómo garantizar la provisión de bienes públicos esenciales y mantener un equilibrio entre autonomía y solidaridad fiscal.
Un debate con raíces profundas en la política colombiana
La disputa entre centralismo y federalismo no es nueva. Hernando Villa, en su obra Cartas de Batalla, analizó cómo las 16 constituciones, que Colombia había tenido hasta 1987, reflejan una constante acumulación de poder en manos de unos pocos, quienes lo redistribuyen según sus intereses. La Constitución de 1886 consolidó este modelo, centralizando el poder fiscal y administrativo en el Gobierno nacional.
Aunque la Constitución de 1991 introdujo la elección popular de alcaldes y gobernadores, un avance significativo en la autonomía territorial, también reforzó el control del Estado central sobre los recursos fiscales. Este modelo ha sido cuestionado por políticos y académicos que ven en la descentralización una vía para superar las desigualdades históricas y fomentar el desarrollo regional.
¿Equilibrio o ruptura? El desafío de la descentralización fiscal
Los planes nacionales de desarrollo han buscado equilibrar las disparidades regionales mediante la redistribución de la riqueza hacia territorios históricamente abandonados, como la Amazonía y el Chocó. Aunque esta política tiene un objetivo loable, su implementación ha sido objeto de críticas. Gobernadores y alcaldes argumentan que los recursos no llegan de manera oportuna ni suficiente, perpetuando las brechas económicas y sociales.
El referendo propuesto plantea una oportunidad para replantear el modelo actual. Sin embargo, también reaviva debates fundamentales sobre la relación entre esfuerzo tributario y provisión de bienes públicos, así como el rol de las gobernaciones en la transformación de sus territorios.
El camino hacia la descentralización no está exento de desafíos. Reformas tributarias profundas serán necesarias para garantizar que los departamentos puedan gestionar sus recursos de manera eficiente y equitativa. Asimismo, será crucial establecer mecanismos de supervisión que eviten el mal uso de los recursos y promuevan la transparencia en la gestión pública.
Un llamado a la reflexión nacional
La lucha por la autonomía fiscal en Colombia refleja una tensión histórica que sigue vigente en el siglo XXI. Aunque el centralismo ha ofrecido estabilidad y cohesión en momentos críticos, también ha limitado el desarrollo de las regiones y perpetuado desigualdades estructurales.
La propuesta del referendo, aunque polémica, es una invitación a repensar el modelo de distribución de poder y recursos en el país. Más allá de los intereses políticos y económicos, está en juego el futuro de millones de colombianos que merecen una administración pública más justa y eficiente.
Como en el siglo XIX, el debate entre centralismo y federalismo enfrenta a dos visiones de país. La pregunta es si Colombia está lista para dejar atrás su historia de acumulación de poder en Bogotá y abrazar un modelo más descentralizado, que permita a las regiones construir su propio destino.
