En el centro de Pasto, la tensión entre las dinámicas del comercio informal y la recuperación del espacio público alcanzó un punto álgido con los recientes operativos liderados por la administración del alcalde Nicolás Toro. La narrativa oficial se centra en garantizar el orden, pero los hechos revelan un panorama mucho más complejo: un enfrentamiento entre la subsistencia de muchas familias y la implementación de políticas públicas que, aunque bien intencionadas, parecen desconectadas de las realidades socioeconómicas locales.
El espacio público no es un terreno vacío, sino un espacio vivo, el escenario donde convergen la historia, la economía y la cultura. En las calles 16 y 17 y la carrera 23 de Pasto, los vendedores informales crearon una territorialidad que no solo es económica, sino profundamente social. Para ellos, estas calles no son solo puntos de venta, sino un refugio frente al desempleo y la falta de oportunidades. Los operativos de recuperación del espacio público, aunque necesarios para garantizar la convivencia urbana, no pueden tratarse como una simple «limpieza», sin atender las raíces estructurales que sostienen la informalidad.
La economía informal como síntoma y desafío
La informalidad no es una elección, es una necesidad. Para muchos, la economía informal representa la única opción para generar ingresos y sostener a sus familias. Ante esto, la administración ha propuesto medidas como la reubicación en plazas de mercado y un plan de reconversión laboral. Sin embargo, de los 900 vendedores informales caracterizados, solo 40 aceptaron estas propuestas. ¿Por qué? La respuesta parece estar en la falta de viabilidad y atractivo de estas alternativas. Si una persona depende de la venta diaria para sobrevivir, trasladarla a una plaza donde el flujo de clientes es menor no es una solución, es un golpe económico.
Además, la reconversión laboral, aunque suena bien en papel, requiere algo más que programas de capacitación: debe garantizar mercados, acceso a financiamiento y oportunidades reales de empleo. De lo contrario, es solo una ilusión política que no ataca el problema de fondo.
Espacio público: ¿bien común o terreno de disputa?
La recuperación del espacio público debería priorizar el bienestar colectivo, pero en Pasto parece haber caído en una narrativa polarizada: o se respeta el espacio público, o se permite la ocupación informal. Este dilema ignora que el espacio público es un bien común que debe ser inclusivo, accesible y reflejo de una ciudad que se preocupa por todos sus ciudadanos, no solo por quienes cumplen con la formalidad.
Además, la presencia de dinámicas delictivas, como la venta de sustancias psicoactivas en sectores como El Potrerillo, evidencia que la recuperación del espacio público no puede limitarse a desalojos. Se necesita un enfoque que abarque la seguridad ciudadana y que desarticule redes ilícitas que convierten estos espacios en puntos de conflicto.
Más allá de los operativos: una visión integral
La solución no está en los operativos policiales ni en los discursos de orden. Pasto necesita políticas públicas que enfrenten las causas estructurales de la economía informal. Esto incluye la promoción de la formalización, el acceso a recursos económicos, la generación de empleo digno y la inversión en infraestructura que permita un uso equitativo del espacio público.
Por otro lado, es imprescindible seguir perseverando en el diálogo entre la administración y los vendedores informales. Es difícil, pero no hay que dejar la comunicación. No se puede planear el futuro del espacio público sin escuchar a quienes lo habitan. La participación ciudadana debe ser el eje de cualquier estrategia que busque transformar el centro de Pasto en un lugar seguro, inclusivo y funcional para todos.
El equilibrio entre derechos
El derecho al trabajo y el derecho al espacio público no deben estar en conflicto. Ambos son esenciales para la dignidad humana y el desarrollo social. Pero encontrar este equilibrio requiere algo más que voluntad política: exige planificación, empatía y compromiso con las personas más vulnerables.
Por eso, el caso de Pasto es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las ciudades latinoamericanas. Recuperar el espacio público no puede ser sinónimo de despojo para quienes no tienen otra alternativa. Si queremos construir ciudades más justas, debemos pensar en soluciones que integren a todos los ciudadanos, sin importar su lugar en la economía.
En Pasto, la pregunta no debería ser si los operativos son necesarios, sino si son suficientes. La verdadera recuperación del espacio público comienza cuando entendemos que su valor no está en su limpieza, sino en su capacidad para reflejar los ideales de inclusión, seguridad y desarrollo. ¿Estamos realmente en el camino correcto? La respuesta dependerá de nuestra capacidad para construir una ciudad donde todos tengan un lugar.
Soluciones temporales o una oportunidad para la transformación social?
El comercio informal en el espacio público representa un desafío persistente para las ciudades, especialmente en América Latina. Su impacto sobre el orden urbano, la economía y la convivencia ciudadana genera un debate constante entre la preservación del espacio público y la necesidad de sustento de miles de familias. Diferentes ciudades han implementado estrategias para abordar este fenómeno, pero los resultados siguen siendo dispares y, en muchos casos, insuficientes.
Bogotá: Regulación y formalización
En la capital de Colombia, el comercio informal ha sido objeto de regulación desde mediados del siglo pasado, como lo ilustra el Decreto 76 de 1950, que identificó al vendedor ambulante como un actor clave del espacio público. Más recientemente, Bogotá ha centrado sus esfuerzos en la formalización, adoptando legislaciones y programas que buscan incorporar a los vendedores en la economía formal mientras se recuperan las calles. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de la capacidad de garantizar oportunidades sostenibles, algo que a menudo se queda corto frente a la magnitud del problema.
Medellín: Participación y convivencia
Medellín ha optado por una aproximación más participativa, creando decretos y proyectos que permiten la utilización controlada del espacio público, promoviendo una convivencia organizada. Ejemplos como la peatonalización de la carrera 52 (Carabobo) destacan por combinar el ordenamiento del comercio informal con oportunidades para los vendedores, mientras se mejora la seguridad y se descongestionan las vías. Esta estrategia evidencia que, cuando se diseñan planes inclusivos y bien estructurados, es posible equilibrar los intereses de la ciudad con los de quienes dependen del comercio informal.
Trujillo (Perú): Desafíos en la regulación
En Trujillo, Perú, los intentos municipales por liberar el espacio público y mejorar la imagen urbana han encontrado resistencia, especialmente debido a la falta de soluciones definitivas. La Unidad de Comercio Ambulatorio e Informal (UCAI) ha permitido que asociaciones de vendedores obtengan permisos para ocupar calles, lo que ha complicado el control y la regulación. Este caso refleja cómo la falta de medidas integrales y consensuadas puede perpetuar el problema en lugar de resolverlo.
Santa Marta: Desalojos y reubicaciones problemáticas
En Santa Marta, los desalojos han sido la estrategia predominante para preservar el espacio público. Sin embargo, la violencia con la que se han llevado a cabo ha evidenciado la falta de una gestión adecuada y humana. Además, las reubicaciones suelen colocar a los vendedores en sitios con escasa actividad comercial, lo que dificulta su sostenibilidad. Este enfoque resalta la importancia de garantizar que las soluciones no solo recuperen el espacio público, sino que también brinden alternativas viables a quienes dependen de él.
México: Recuperación con Inclusión
En el centro histórico de México, los planes para recuperar el espacio público priorizan la regulación y la convivencia en lugar de la erradicación del comercio informal. Este enfoque ha resultado en proyectos multidisciplinarios que involucran a todos los actores del espacio público, buscando soluciones equilibradas que promuevan la inclusión y el desarrollo.
Estrategias generales y retos persistentes
Entre las estrategias más comunes se destacan la reubicación de vendedores, la peatonalización de calles y la promoción de la participación ciudadana. Sin embargo, estas medidas suelen enfrentar dificultades, como la falta de atractivo comercial en los nuevos espacios asignados o la reaparición del problema en otros sectores de la ciudad.
La transformación de la informalidad hacia la formalidad sigue siendo un desafío estructural. Muchas veces, las soluciones implementadas solo abordan los síntomas y no las causas subyacentes, como la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales. Este enfoque limitado no solo perpetúa el problema, sino que también aumenta la percepción de exclusión entre los sectores más vulnerables.
Hacia una Visión Integral
Las experiencias de estas ciudades dejan claro que el manejo del comercio informal requiere una visión integral. Esto implica no solo regular y organizar el uso del espacio público, sino también abordar las causas estructurales que llevan a las personas a optar por la informalidad como medio de vida.
Además, es fundamental fortalecer la educación ciudadana y promover el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos. Los ciudadanos deben ser conscientes del impacto que el comercio informal descontrolado tiene sobre la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de sus ciudades. Al mismo tiempo, las autoridades deben trabajar en crear programas de capacitación y apoyo que permitan a los vendedores informales acceder a la economía formal de manera sostenible.
La experiencia demuestra que, cuando las estrategias son inclusivas, participativas y sostenibles, es posible transformar el comercio informal en una oportunidad para el desarrollo urbano y social. No obstante, mientras persistan las desigualdades y la falta de empleo digno, el desafío seguirá siendo una constante para las ciudades de América Latina y el mundo.
