El espectáculo político en Nariño está en su mejor temporada, con todos los elementos de una buena novela de intrigas: un congresista que se viste de paladín de la transparencia, un gobernador que se indigna como si lo hubieran calumniado, y una lista de contratos con cifras tan generosas que bien podrían financiar una película sobre la corrupción en Colombia.
El congresista Erick Velasco sacó el megáfono para denunciar lo que considera una serie de despropósitos en la contratación pública de su copartidario, el gobernador Luis Alfonso Escobar. Según el representante, la administración departamental se ha vuelto una experta en sortear licitaciones y repartir contratos como si fueran boletas para un concierto privado. Lo curioso es que Velasco, hasta hace poco, no había mostrado mayor interés en estos asuntos. Ahora, con un ímpetu digno de un fiscal estrella, lanza acusaciones que, aunque graves, necesitarían más sustento que la indignación televisada.
El centro de la polémica es el uso de fondos mixtos para manejar regalías a discreción. Según Velasco, el Decreto 299 del 16 de septiembre de 2024 es un traje a la medida de FONER, la entidad que ejecuta proyectos millonarios sin la molesta interferencia de licitaciones públicas. Traducido al lenguaje de la calle: un pase directo para asignar contratos sin competencia real.
Y los números no son cualquier cosa: 5.900 millones de pesos para puentes en Tumaco, 4.000 millones para el aeródromo de Barbacoas y más de 50.000 millones para Ingeniería de Proyectos Standford, cuyo representante legal, casualmente, preside la junta directiva de FONER. A esto se suma la perla de que la misma entidad recibió un total de 250.000 millones en contratos de regalías, sin que nadie haya tenido la cortesía de explicar por qué es tan afortunada en la asignación de recursos públicos.
Pero si Velasco decidió vestirse de redentor anticorrupción, Escobar no se queda atrás en su rol de víctima de la politiquería. Con un tono entre desafiante y ofendido, el gobernador le recuerda al congresista que él ya ha explicado todo en la Asamblea de Nariño (un espacio que, al parecer, debería bastarnos a todos) y que aquí lo único que hay es una jugada política disfrazada de control fiscal. Es más, su estrategia de defensa parece resumirse en una variación del clásico “y ustedes por qué no hablaron antes”, como si la falta de denuncias previas invalidara las actuales.
Además, Escobar intenta desviar el tema afirmando que todo esto es parte de un ataque orquestado desde Bogotá para debilitar su administración y que la controversia es más una pelea entre facciones internas del Pacto Histórico que una verdadera preocupación por la transparencia. Es decir, la culpa nunca es de quien firma los contratos, sino de los que se atreven a leer la letra pequeña.
Mientras tanto, los nariñenses asistimos al show sin tener claro si Velasco busca realmente esclarecer las dudas sobre la contratación o si simplemente se está posicionando políticamente para el futuro. Porque, seamos sinceros, exigir investigaciones es fácil, pero sustentarlas con argumentos sólidos y documentos irrefutables es otro cuento. Y si Escobar de verdad no tiene nada que esconder, bien haría en proporcionar explicaciones más allá de comunicados indignados.
Este rifirrafe deja una pregunta clara: ¿es una pelea real contra la corrupción o solo un capítulo más de la telenovela política? Si Velasco quiere ser tomado en serio, debería sustentar con rigor y profundidad sus denuncias. Si Escobar no tiene nada que esconder, bien haría en responder con más que frases de cajón y jugar a la víctima de conspiraciones. Mientras tanto, los nariñenses seguimos en la tribuna, viendo cómo se tiran piedras desde sus cómodas posiciones de poder. Solo queda esperar que, entre tanta pelea, no se pierda lo más importante: la verdad sobre el destino de los recursos públicos.
