En un discurso en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro denunció que las tarifas de energía eléctrica en Colombia son ilegales y que benefician a un pequeño grupo de empresas privadas. Convocó a la ciudadanía a movilizarse para exigir cambios en la regulación del sector eléctrico y señaló que los altos costos afectan principalmente a la costa Caribe.
El Presidente de Colombia lanzó una fuerte crítica contra el actual sistema de cobro de tarifas de energía eléctrica, calificándolo de ilegal y perjudicial para la población. Según el mandatario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), encargada de fijar los precios, está dominada por representantes de empresas privadas que han diseñado una fórmula que favorece sus intereses económicos a costa de los ciudadanos.
Petro enfatizó que el costo de la energía en Colombia es desproporcionado, especialmente en la costa Caribe, donde, pese a la abundancia de sol y recursos hídricos, las tarifas son significativamente más altas que en otras regiones del país. «Nos han estafado por décadas», afirmó, al señalar que la fórmula tarifaria actual permite que las empresas generadoras obtengan ganancias exorbitantes, multiplicando sus beneficios hasta 15 veces por encima de una «ganancia normal».
El presidente también se refirió al proceso de privatización de Isagen, una de las principales generadoras de energía en el país, asegurando que su venta a un fondo de inversión internacional debilitó la capacidad del Estado para regular el precio de la energía. «Desde ese momento, los costos se dispararon sin control, afectando a millones de colombianos», explicó.
Además de denunciar estas irregularidades, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que se movilice en defensa de sus derechos y exija cambios estructurales en el sistema energético. «Así como llegamos a la presidencia con la movilización popular, esta debe continuar para transformar el país», declaró, dejando claro que su gobierno buscará frenar el abuso en el cobro de tarifas.
La reciente manifestación en Barranquilla puso sobre la mesa un debate clave para el país: la aplicación inmediata de la nueva fórmula tarifaria aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que busca reducir los costos de la energía eléctrica para millones de colombianos. Según líderes del movimiento Nacional por la Democracia Energética, la aplicación de la nueva norma se está dilatando de manera intencional para favorecer los intereses de empresas privadas como Brookfield y Zagen.
El llamado a XM y al superintendente
Durante su intervención, los voceros del movimiento hicieron un fuerte llamado a XM, la empresa encargada de administrar el mercado de energía en Colombia, exigiendo que implemente la nueva metodología tarifaria y deje de aplicar la anterior, ya derogada. «Si XM no lo hace, está estafando a los usuarios y usuarias del servicio público», afirmó.
Así mismo, se dirigió al superintendente, recordándole su obligación de velar por el cumplimiento de la norma. «Usted es el delegado de las competencias constitucionales del presidente ante todas las empresas de energía eléctrica de Colombia«, enfatizó, subrayando que es su responsabilidad hacer valer la ley.
El pulso entre el gobierno y los empresarios de la energía
El debate no solo es técnico, sino también político y económico. Según denunciaron los manifestantes, el dueño de Brookfield y Zagen ya anunció su intención de demandar ante el Consejo de Estado la resolución de la CREG y el decreto ministerial que redujo la participación de la bolsa de energía del 25% al 5%. «¿Quién tiene el poder en este país? ¿El presidente de Colombia y la CREG, que son los reguladores según la Constitución, o el dueño de una empresa privada que compró a precio de ganga la mayor hidroeléctrica del país?», cuestionó el Presidente.
Una transición hasta 2028: una estrategia política
Se denunició que algunos sectores buscan postergar la aplicación de la nueva fórmula tarifaria hasta el 2028, esperando un cambio en el gobierno que revierta la medida. «Están esperando que en 2026 llegue un ‘Milei colombiano’ y acabe con todo lo que hemos avanzado», afirmó, advirtiendo que el pueblo debe mantenerse alerta para evitar una regresión a las antiguas tarifas abusivas.
Convocatoria nacional: «La calle es el espacio»
El llamado ahora es a la expansión de la movilización a nivel nacional. «La manifestación de Barranquilla ha sido inmensa, pero debe ser diez veces más grande», exhortó. El movimiento Nacional por la Democracia Energética instó a los ciudadanos a salir a las calles en todo el país para exigir la aplicación inmediata de la reducción tarifaria.
«No estamos peleando por un partido político ni por un gobierno. Estamos defendiendo el derecho propio, el bolsillo propio, la comida de nuestros hijos e hijas y la posibilidad de pagar un servicio básico de manera justa», dijo.
El reto para el gobierno
Ahora, la presión recae sobre el gobierno, que debe garantizar la implementación de la nueva fórmula tarifaria sin demoras. La ciudadanía, por su parte, mantiene la vigilancia y el compromiso de no permitir que se diluya una conquista que, según sus voceros, ya está respaldada en la ley, pero que aún no se refleja en las facturas de los hogares colombianos.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro encendieron el debate sobre el modelo energético en Colombia. Mientras su gobierno impulsa medidas para regular las tarifas, la movilización ciudadana parece convertirse en un eje central de su estrategia para presionar por cambios, especialemente de politiqueros y empresarios que no desean rebajar las tarifas a costa del pueblo colombiano. En los próximos meses, se espera que el Ejecutivo proponga reformas para corregir lo que el mandatario ha calificado como una «estafa histórica» en el sector eléctrico.
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