El reciente fallo del Consejo de Estado que ratifica la gobernabilidad de Luis Alfonso Escobar en Nariño es una victoria no solo para el mandatario, sino para los 361 mil de nariñenses que depositaron su confianza en un proyecto de transformación territorial. Sin embargo, este espaldarazo jurídico también trae consigo un reto inmenso: responder con acciones concretas a las problemáticas históricas del departamento.
La paz territorial es una bandera de la administración Escobar, con un enfoque descentralizado que desafía la visión tradicional de negociaciones restringidas y centralizadas. La construcción de paz no se decreta desde un escritorio en Bogotá; se forja en los territorios, con sus comunidades y organizaciones sociales. Pero esa visión, por más loable que sea, enfrenta un panorama complejo que exige respuestas inmediatas. ¿Han dado resultados? innegable por las estadísticas del conflicto en Nariño, pero aún el camino requiere llegar a mayores evidencias para que los territorios perciban la paz no solo como una posibilidad sino como un hecho concreto.
Tres crisis en desarrollo
Actualmente, Nariño atraviesa una situación crítica en tres frentes. Según lo evidencia el periodista Paulo Paz. Primero, las comunidades indígenas han bloqueado el Puente Internacional de Rumichaca, en protesta por la destrucción de puentes informales en la frontera con Ecuador. La posibilidad de que los pueblos indígenas del país vecino se unan a la manifestación amenaza con agravar la crisis si no se alcanza un acuerdo pronto.
Segundo, en Policarpa, decenas de cultivadores de hoja de coca han llegado a la cabecera municipal para exigir el cumplimiento de compromisos pactados anteriormente por el Gobierno Nacional. El incumplimiento reiterado de acuerdos en esta región solo aumenta el malestar y la desconfianza hacia las instituciones.
Tercero, en el piedemonte costero, las comunidades reclaman la reactivación del Oleoducto Transandino. Este corredor energético es fundamental para la economía, y su inactividad ha generado descontento entre los habitantes, que exigen soluciones urgentes.
Cada uno de estos conflictos, entre otros, como algunos de los proyectos de infraestructura que no avanzan, evidencian una realidad innegable: la gobernabilidad en Nariño no puede reducirse a discursos de voluntad política. La ciudadanía requiere soluciones tangibles, concertadas y sostenibles.
El desafío de la legitimidad
Luis Alfonso Escobar ha insistido en la necesidad de que los Diálogos de Paz incluyan a la ciudadanía, no solo a los actores armados. En efecto, no se puede seguir otorgando el monopolio de la palabra a quienes han empuñado las armas; las comunidades deben ser protagonistas de la paz. Pero para que esto ocurra, es indispensable que el Estado gane legitimidad en los territorios mediante acciones concretas. Asumir en algunos territorios pertencer al comité territorial de paz es un riesgo para valientes que le apuestan por la paz, que necesitan tener mayor representatividad y recursos para su gestión.
El desescalamiento del conflicto en Nariño pasa por hechos verificables: garantía de seguridad para los líderes sociales, cumplimiento de acuerdos con campesinos y poblaciones indígenas, inversión en infraestructura, emprendimiento y desarrollo económico. Sin estos elementos, la paz seguirá siendo un anhelo difuso y vulnerable ante los intereses armados que persisten en la región. Nariño necesita mejorar su índice de competitividad ante el país y el mundo.
El camino a seguir
El fallo del Consejo de Estado otorga continuidad al mandato de Luis Alfonso Escobar, pero también lo coloca en una posición crítica. Si bien ha demostrado un liderazgo firme y una visión territorial de la paz, la prueba definitiva será su capacidad de dar respuestas efectivas a los conflictos que aquejan a la región.
Para que su gobierno no quede en simples declaraciones de voluntad, debe consolidar su compromiso con la paz territorial a través de medidas concretas:
- Diálogos urgentes con las comunidades en protesta, priorizando soluciones estructurales y cumpliéndolas.
- Cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos con los campesinos y cultivadores de coca.
- Políticas de desarrollo productivo que ofrezcan alternativas económicas reales a las comunidades afectadas por el conflicto.
- Concretar las obras de infraestructura y estrategias que mejoren la competitividad de la región.
El futuro de Nariño no puede depender solo de fallos judiciales o discursos inspiradores. La legitimidad del gobierno de Escobar se definirá por su capacidad de materializar su visión en hechos palpables. Hoy, ante Nariño tiene una nueva oportunidad. Ahora, el desafío es no desaprovecharla.
