La Comisión Séptima del Senado de la República hundió la reforma laboral promovida por el presidente Gustavo Petro. Ante esta decisión, el mandatario ha anunciado la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía tenga la última palabra. Este mecanismo de participación busca revivir el proyecto y demostrar que las mayorías legislativas no pueden ir en contra de la voluntad popular. La oposición critica la estrategia, mientras el Gobierno insiste en que es una medida democrática y constitucional.
La reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno del Cambio, fue archivada por la Comisión Séptima del Senado en una decisión que ha generado reacciones encontradas. Con ocho votos a favor del archivo y seis en contra, el proyecto que buscaba mejorar las condiciones salariales y los derechos laborales de los colombianos ha quedado en suspenso.
Esa decisión a generado tanto aplausos de unos y rechazo de otros:
El presidente Gustavo Petro, lejos de resignarse a la derrota legislativa, ha optado por una estrategia que ya había insinuado en discursos anteriores: la consulta popular. «Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir», declaró el mandatario en una alocución televisada, asegurando que el bloqueo institucional al que se enfrenta su Gobierno es «una dictadura contra el voto popular«. Con esta medida, busca que los ciudadanos sean quienes determinen si las reformas laborales y de salud deben ser implementadas.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución colombiana. La Registraduría Nacional indica que este recurso permite que los colombianos se pronuncien sobre temas de vital importancia mediante una votación en la que solo pueden responder «Sí» o «No» a la pregunta formulada.
En Colombia, para que una consulta popular sea aprobada, se debe cumplir con el siguiente umbral de participación establecido en la Ley 1757 de 2015 (que regula los mecanismos de participación ciudadana):
- 1. Votación mínima: Para que la consulta sea válida, debe participar al menos el terceo parte del censo electoral (es decir, el 33% de los ciudadanos habilitados para votar en la respectiva jurisdicción).
- 2. Mayoría absoluta: Una vez alcanzado el umbral de participación, la opción que obtenga la mitad más uno de los votos válidos determinará el resultado de la consulta.
Si no se alcanza el 33% de participación, la consulta se considera no aprobada y su resultado no tiene efectos jurídicos. Para ser aprobada la consulta implica aproximadamente, para este caso, más de 13 millones de personas en las urnas.
En un acto político de alto impacto, miles de personas se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades del país para manifestarse en favor de sus reformas. «Ni la lluvia va a detener la consulta popular», exclamó ante una multitud que portaba sombrillas de colores en el centro de la capital de Colombia. Con esta demostración de fuerza, el presidente busca presionar al Congreso y reforzar la idea de que su Gobierno aún cuenta con un respaldo masivo de la población.
Uno de los puntos más polémicos de su discurso fue la crítica directa a los senadores que votaron contra la reforma laboral. «Han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia», aseguró Petro, señalando que la clase política está «vendida a los dueños del dinero«. Estas declaraciones han sido interpretadas por la oposición como un ataque directo a la institucionalidad y una incitación a la confrontación social.
Desde Cali, la vicepresidenta Francia Márquez reforzó el mensaje del mandatario, instando a los colombianos a reflexionar sobre sus decisiones en las próximas elecciones legislativas de 2026. «Si siguen eligiendo el Congreso que han elegido, el pueblo seguirá sometido a condiciones de miseria«, afirmó.
Por otro lado, la oposición ha criticado duramente la estrategia del Gobierno. Algunos sectores consideran que la convocatoria a una consulta popular es una maniobra populista para desviar la atención de los problemas de gobernabilidad y la falta de consensos en el Congreso. El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, calificó la propuesta como «una muestra de autoritarismo disfrazado de democracia«.
Los empresarios también han expresado su preocupación por el impacto económico de la reforma laboral, especialmente en lo que respecta a los recargos nocturnos y dominicales. «El sector productivo no está en contra de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero hay que encontrar un equilibrio que no afecte la competitividad«, señaló un representante de la ANDI.
A pesar de la controversia, el presidente Petro insistió en que la consulta popular es una herramienta legítima para que el pueblo colombiano decida sobre su propio destino. «Llegó el momento de decidir», sentenció en su discurso, agregando que «los oligarcas le tienen miedo al pueblo» y que su Gobierno está dispuesto a agotar todas las vías democráticas para sacar adelante sus reformas.
El hundimiento de la reforma laboral en el Congreso abrió un nuevo capítulo en la confrontación política entre el Gobierno y la oposición. Petro, lejos de aceptar la decisión del Senado, apuesta por la consulta popular como un mecanismo de presión y validación ciudadana. Mientras sus seguidores ven esta estrategia como una reivindicación de la democracia participativa, sus detractores la interpretan como un intento de gobernar al margen de las instituciones. La pregunta que queda en el aire es si esta consulta será viable y si logrará el respaldo suficiente para cambiar el rumbo de las reformas que el Congreso ha decidido frenar.
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