Colombia suma otra herida abierta en su ya fracturado sistema de salud. La reciente imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS deja al descubierto una operación contable que, según la Superintendencia Nacional de Salud, podría ser “el mayor fraude contable en la historia de los recursos de la salud en Colombia”. La cifra que ha acaparado titulares —70.500 millones de pesos presuntamente desviados— es solo la punta del iceberg: lo que subyace es una estructura que permitió la omisión de 14 millones de facturas y la existencia de pasivos ocultos por más de 4 billones de pesos.
La intervención de la Nueva EPS, ordenada por el gobierno nacional y respaldada por la Supersalud, permitió acceder a bases de datos que no habían sido procesadas ni registradas en los estados financieros. Esa omisión no fue un simple error administrativo. Según las declaraciones del superintendente Giovanny Rubiano García, se trató de una maniobra deliberada para ocultar el verdadero estado financiero de la entidad. La magnitud del hallazgo no solo compromete la gestión de la EPS, sino que también pone en entredicho el modelo mismo de aseguramiento en salud.
Este escándalo no puede entenderse de forma aislada. Desde hace años, expertos, académicos y voces de la sociedad civil han advertido sobre los vacíos de control en el manejo de los recursos de la salud. La exministra Carolina Corcho enfatizó: “fue un error del Estado colombiano haber concebido que en promedio 100 billones de pesos se manejaran a discrecionalidad por terceros sin ningún control por auditoría”. El sistema ha funcionado bajo un esquema de delegación excesiva, con recursos públicos circulando por manos privadas, sin trazabilidad ni auditorías eficaces. Esa arquitectura institucional facilitó que directivos ocultaran información clave, desviaran recursos y tomaran decisiones al margen de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El caso de José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, es paradigmático. Según el senador Wilson Arias: “otro buen muchacho de Álvaro Uribe imputado, por el presunto desvío de 70.000 millones de pesos acaba de ser imputado por la Fiscalía: el señor José Fernando Cardona”. Arias recuerda que Cardona fue nombrado como director de la Nueva EPS en el año 2009 por el expresidente Uribe y permaneció en el cargo hasta 2024, cuando el gobierno de Gustavo Petro logró que dejara la dirección. Entre 2013 y 2019, Cardona habría ocultado 14 millones de facturas “para maquillar la gestión contable de la Nueva EPS y hacer parecer que iba bien”, con el objetivo de evitar que la Supersalud interviniera la entidad, “cosa que tampoco logró”, en palabras del senador. “Otra olla podrida denunciada con toda razón por el presidente Gustavo Petro Urrego”.
Los datos son alarmantes: además de los 70.500 millones de pesos desviados, existen denuncias sobre la falta de justificación de 6.3 billones de pesos en los estados financieros de la EPS. También se señala que en el año electoral de 2023 se giraron alrededor de 750.000 millones de pesos a uniones temporales que no correspondían a proveedores de servicios de salud. ¿A dónde fueron esos recursos? ¿Quiénes son los beneficiarios reales de esos giros? Estas preguntas aún no tienen respuesta clara.
Pero, pese a la magnitud de lo revelado, hay un bloque importante del Congreso que se resiste a actuar. Algunos congresistas, por sus vínculos con las EPS o por afinidades ideológicas y económicas, han preferido desviar la atención del problema estructural y centrar sus discursos en atacar al gobierno actual. Utilizan argumentos superficiales para señalar al presidente Gustavo Petro como el causante de la crisis, cuando lo que está haciendo el Ejecutivo es intentar desmantelar un modelo que colapsó hace tiempo. La reforma a la salud, que busca precisamente corregir las fallas sistémicas que han permitido escándalos como este, fue saboteada por sectores que prefieren preservar el statu quo. Que ahora se proponga una transformación estructural que acabe con la opacidad, la tercerización y el manejo discrecional de los recursos públicos, es lo que verdaderamente incomoda a ciertos sectores políticos.
Lo más preocupante es que esta situación no representa una anomalía dentro de un sistema funcional. Por el contrario, es un síntoma de un modelo que ha permitido la captura de recursos públicos sin los mecanismos de vigilancia adecuados. La falta de un sistema de información público y centralizado es una constante omisión del Estado. La reforma a la salud parte precisamente del diagnóstico que hoy se confirma: la necesidad de recuperar el control público sobre los recursos del sistema y de garantizar pagos directos y transparentes a clínicas y hospitales.
El inicio de los procesos penales es un paso importante, pero no suficiente. La justicia deberá actuar con celeridad, pero también se requiere una acción contundente por parte de la Contraloría y la Procuraduría. Más allá de las responsabilidades individuales, el país debe emprender una revisión estructural de su sistema de salud, donde la eficiencia y la cobertura no sean excusas para la opacidad y el enriquecimiento ilícito.
El caso de la Nueva EPS debe marcar un antes y un después en la historia del sistema de salud colombiano. No se trata solo de castigar a los responsables, sino de comprender las causas estructurales que permitieron este desfalco. La salud no puede seguir siendo un botín político ni un negocio para intermediarios. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad como garante del derecho fundamental a la salud y como custodio de los recursos públicos. El verdadero reto no es imputar cargos, sino evitar que estos crímenes se repitan. La reforma estructural es urgente y necesaria, aunque incomode a quienes han vivido cómodamente en medio de la opacidad.
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