Ex líderes de la temida Oficina de Envigado desataron una ola de graves acusaciones, afirmando haber mantenido acceso directo y alcanzado acuerdos ilícitos con pasadas administraciones municipales de Medellín, incluyendo la de Federico ‘Fico’ Gutiérrez.
Estas confesiones, que detallan entradas clandestinas a la Alcaldía y el presunto nombramiento de altos funcionarios a cambio de apoyo electoral, encendieron una tormenta política en la ciudad, impulsando llamados a investigaciones penales y planteando serias interrogantes sobre la integridad de la gobernanza urbana y los esfuerzos de paz en la capital antioqueña.
Escuche nuestro podcast sobre el tema:
La controversia escaló con las declaraciones del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien públicamente denunció a Federico Gutiérrez. Quintero afirmó que exjefes de la Oficina de Envigado, identificados como Duglas y Pesebre, han confesado haber ingresado por el sótano a la Alcaldía de Fico. Según Quintero, estos líderes criminales aseguraron que Gustavo Villegas fue nombrado como enlace en la administración de Gutiérrez a cambio de su respaldo a la campaña del entonces candidato. «Hoy mismo interpondré denuncia penal para que Fico sea llevado a la cárcel», declaró Quintero.
La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se sumó a las voces de preocupación, calificando de «muy grave» las revelaciones de voceros que implican a Fico y a la concejal del Centro Democrático Claudia Carrasquilla. Zuleta aseveró que se orquestó un «show a oscuras para fabricar falsos positivos mediáticos«, instrumentalizando el diálogo y la justicia para lo que ella describe como un espectáculo. La senadora vinculó estos hechos a procesos judiciales en curso contra Carrasquilla, a la condena del Secretario de Seguridad de Fico y a un preocupante «entramado de puerta giratoria entre funcionarios públicos y operadores de justicia«. Zuleta sugirió que esta es la razón fundamental por la que «no quieren la paz porque no quieren la verdad«, añadiendo que «Fico las hizo [las manos oscuras]. Por eso se las imagina».
La «molestia» con el presidente Gustavo Petro por invitar a jefes de estructuras delincuenciales a los procesos de paz urbana radicaría en que la invitación no provino directamente de Fico Gutiérrez. Existía el temor de que estos líderes hablaran ante medios y, de esa forma, expusieran a Gutiérrez.
Las declaraciones de Freyner Ramírez, conocido como alias «Carlos Pesebre» y exdirigente de la Oficina de Envigado, aportaron una perspectiva inquietante. Ramírez manifestó su desconcierto ante la condena actual a los diálogos de paz con el gobierno, contrastándolos con acercamientos previos. «Lo que no entendemos nosotros como estructuras o como voceros de la estructura es por qué es tan malo que estemos hablando con el gobierno de paz en este momento, si antes cuando Federico fue alcalde en su primer mandato también hablamos con ellos y de ahí salió pues obviamente este tema del señor Gustavo Villegas», declaró Ramírez.
Además, confirmó haber estado en la alcaldía «varias veces en diferentes alcaldías» y cuestionó por qué hay un «grito en el cielo» por un evento público en la Alpujarra, pero «no decían nada cuando entrábamos por el sótano«. Ramírez enfatizó la tesis de que las estructuras criminales poseen un «control territorial» y son «parte de la sociedad».
José Muñoz, alias Douglas, vocero de la Mesa de Paz Urbana, ofreció un testimonio aún más incriminatorio durante una entrevista con Señal Colombia. Muñoz instó al alcalde y a los gobernantes a apoyar los esfuerzos de paz, recordando que las estructuras criminales «los hemos apoyado a ellos para que salieran adelante, les ayudamos con cuanto programa sacaban«. Concretamente, Muñoz reveló que apoyaron a Federico Gutiérrez en el 2016, y un «compromiso» fue que Gutiérrez nombrara a Gustavo Villegas como secretario de gobierno, argumentando que Villegas «era la persona con la que más acercamiento teníamos nosotros». Muñoz añadió que Villegas «terminó involucrado en un concierto para delinquir con muchachos de las estructuras de nosotros«. El apoyo consistía en «aportábamos la gente, los votos, llevábamos la gente a que votaran a las urnas«, y en ese momento, enfatizó Muñoz, «no eran que los llevamos a las malas ni que los llevábamos o con el revolver en la espalda. No, en ese momento era a las buenas».
El vocero también confirmó la existencia de los «denominados pactos de fusil» entre bandas, los cuales, según él, contaron con el apoyo de los gobiernos. «Siempre, claro. Siempre estuvieron ahí presentes», afirmó Muñoz, describiendo cómo se realizaban reuniones «en apartamentos, en fincas, en partes donde no había público. Todo lo hacíamos privado». En estas reuniones clandestinas con «los secretarios de gobierno o con la la misma gente de las alcaldías», se llegaba a acuerdos para «se le bajara el índice a los homicidios» y otras problemáticas, a cambio de que «ellos nos apoyaban». Muñoz, al recapitular la historia política de Medellín, señaló que alcaldías como las de Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Gabriel Quintero y Fico Gutiérrez mantuvieron relación con las estructuras para buscar soluciones al conflicto urbano. Insistió en que, aunque hoy cuestionen los procesos de negociación, «con todos estos alcaldes ustedes se sentaron en algún momento para definir políticas de seguridad en la ciudad de Medellín».
Incluso, Muñoz relató una experiencia personal, describiendo cómo ingresó a la oficina del alcalde por un sótano en una camioneta oficial, llegando a sentarse en la silla del alcalde y observar la ciudad, experiencias que «uno nunca ha dicho» públicamente.
El exalcalde Daniel Quintero intensificó sus acusaciones, cuestionando retóricamente por qué a Fico le «preocupa que los exjefes de la oficina de Envigado cuenten la verdad«. En 2004, Fico llegó al concejo de Medellín por un movimiento político vinculado al bloque paramilitar Cacique Pipintá, según Señal Colombia. Agregó que en marzo de ese mismo año, Federico Gutiérrez y varios concejales viajaron a Ralito para reunirse con Don Berna, y que Fico sostuvo un encuentro particular con Don Berna y Salvatore Mancuso. Según Quintero, la relación de Fico con la Oficina de Envigado se fortaleció en 2015, cuando fue «financiado por estos para ganar la alcaldía y a cambio nombró a Villegas como secretario de seguridad». Quintero ha dicho que Villegas fue capturado luego de que se conociera que la alcaldía y la Oficina de Envigado realizaban «operaciones criminales conjuntas y montajes para ayudar a subir la imagen de Fico«. Quintero finalizó sus alegaciones afirmando que Fico evitó una orden de captura gracias a Claudia Carrasquilla, entonces delegada contra el crimen organizado en la fiscalía, quien «cuadró un preacuerdo con Villegas sin comprometer a Fico». Señaló que Villegas fue a la cárcel, y Carrasquilla, quien hoy se encuentra «ad portas de ir a la cárcel en un juicio por falsos testigos», terminó siendo concejal de Fico en su segundo periodo.
Ante estas graves imputaciones de Quintero, José Muñoz afirmó desconocer los detalles específicos de cómo se manejaron esos temas, pero sí ratificó la influencia de Claudia Carrasquilla. Muñoz sostuvo que «esa señora [Claudia Carrasquilla] ha manejado siempre la ha manejado toda la vida la fiscalía. Lleva mucho tiempo en eso«. El vocero también indicó que Carrasquilla «salió mal salida, llena de investigaciones» de la fiscalía, con acusaciones de apropiarse de «recompensas» y «oro», las cuales, según él, saldrán a la luz, ya que «esta gente que está por ahí que ya no tiene nada que perder, eso lo van a denunciar». Describió a Carrasquilla como una persona con «mucho manejo, toda la vida tuvo bastante manejo. Ella es experta en manejar las cosas», y añadió que es «experta en llamarlo a uno, a pedirle favores, de que le quiten las denuncias». Muñoz incluso reveló haber tenido una videollamada de casi dos horas con ella «pocos meses antes» de llegar a su situación actual. Finalmente, Muñoz criticó la doble moral de quienes los «señalan y critican» como «bandidos» pero «cuando nos necesitan, sí nos buscan, ahí sí venga que ustedes son lo mejor«. Recordó cómo una fiscal y «una señora del consejo» (presumiblemente Carrasquilla) se reunía en un restaurante con «tres o cuatro bandidos», concluyendo con la rotunda afirmación de que «ahora no podemos venir a tapar el sol con un dedo».
Las recientes y contundentes confesiones de ex jefes de la Oficina de Envigado desataron un debate sin precedentes sobre la relación entre el poder político y las estructuras criminales en Medellín. Las revelaciones, que van desde el presunto financiamiento de campañas hasta la manipulación de la justicia y la implementación de «pactos de fusil» en reuniones secretas, subrayan la necesidad imperante de transparencia en los procesos de paz urbana y la rendición de cuentas de los actores políticos. A medida que las acusaciones escalan, la sociedad de Medellín y el país exigen que se esclarezcan estas «declaraciones», que amenazan con redefinir la comprensión de la gobernanza y la búsqueda de una paz genuina en la ciudad, libre de «manos oscuras» que tanto daño han causado.
o haz tu aporte directo al número:
Más publicaciones de El Radar del Sol:
