El próximo 7 de julio de 2025 se celebrará, finalmente, la elección del nuevo director general de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), si es que nada «leguleyadamente» extraordinario se presenta.
Pero más que una elección técnica, esta jornada será un termómetro del estado de la democracia ambiental en el departamento. Tras meses de maniobras jurídicas, recusaciones infundadas y presuntas irregularidades delictivas, la corporación encargada de proteger los recursos naturales del territorio sigue sumida en una crisis institucional que amenaza su razón de ser.
El proceso comenzó a descarrilarse con la anulación de la elección de José Andrés Díaz Rodríguez como director para el periodo 2024-2027. El Consejo de Estado, en su sentencia del 14 de noviembre de 2024, encontró irregularidades sustanciales: convocatorias modificadas de forma ilegal, plazos incumplidos y un procedimiento viciado. Pero lejos de respetar la decisión, el entorno del exdirector activó una ofensiva judicial que bordeó el absurdo: solicitudes de aclaración, tutelas, recusaciones masivas y acciones de nulidad que fueron sistemáticamente rechazadas por improcedentes. El Consejo tuvo que advertir que se trataba de acciones dilatorias, incluso con rasgos de «fraude procesal» y «falsedad personal».
Una de las estrategias más burdas fue la recusación presentada por Fredy Hernán Rodríguez Aux contra once de los trece miembros del Consejo Directivo. Alegó intereses cruzados, enemistades y conocimiento previo de los procesos. Sin embargo, el 4 de junio de 2025, la Procuraduría General de la Nación desestimó esta recusación por «carencia de objeto» y la declaró infundada. Lo más grave: Rodríguez Aux ni siquiera asistió a las sesiones clave de elección, lo que implica un desistimiento tácito. Todo indica que su intervención fue parte de un plan orquestado para sabotear el proceso y proteger los intereses de un entramado político-administrativo que lleva años operando dentro de la entidad.
La situación no es anecdótica. Un informe de auditoría fiscal de 2024 reveló profundas grietas en la contratación pública: sobrecostos injustificados, convenios firmados sin disponibilidad presupuestal, contratación directa sin justificación legal. Cerca de 10.000 millones de pesos en convenios fueron comprometidos de vigencias futuras. A esto se suma la captura de seis funcionarios en noviembre de 2024, involucrados en una red de tráfico ilegal de madera que, según denuncias, generaba más de mil millones de pesos mensuales en activos ilícitos.
Estas cifras no solo reflejan corrupción: son una amenaza directa al patrimonio natural del sur colombiano. Mientras los páramos y selvas del departamento son despojados, CORPONARIÑO ha sido usada como plataforma para el beneficio de unos pocos, en detrimento de toda la ciudadanía.
La elección de este 7 de julio enfrenta dos caminos: continuidad o renovación. Por un lado, están nombres asociados a estructuras políticas tradicionales. Por otro, aspirantantes que tienen mérito, conocimiento y representan un cambio, de tal manera que son varios los sectores que exigen un giro técnico y ético en la corporación. La decisión recae sobre un Consejo Directivo cuya legitimidad ha sido cuestionada por su inacción frente a las prácticas denunciadas.
CORPONARIÑO no puede seguir siendo el feudo de clanes políticos ni la caja menor de contratistas. Su función es proteger, restaurar y garantizar la sostenibilidad ambiental de un territorio estratégico para Colombia. El 7 de julio no se elige a un director cualquiera: se define si la naturaleza de Nariño tendrá una voz que la defienda o una firma que la venda. La ciudadanía, los medios y los entes de control deben estar vigilantes. La transparencia no es negociable, y la legitimidad no se hereda: se construye con actos.
¿Permitiremos que una corporación creada para cuidar la vida siga capturada por quienes lucran de su descomposición?
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