La decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas el pasado 15 de septiembre de 2025 resonó como un estruendo en las ya tensas relaciones bilaterales. No es la primera vez –la última fue en 1996, en medio del escándalo del Cartel de Cali–, pero este nuevo «desaire» llega en un momento de profundas diferencias sobre el enfoque de la guerra contra las drogas y evidencia un choque político entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Gustavo Petro.
Washington, a través del Departamento de Estado, argumenta que Colombia ha «incumplido manifiestamente» sus obligaciones internacionales antidrogas durante el último año. La acusación es contundente: «El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis«. Cifras de la ONU respaldan parcialmente esta afirmación, señalando que en 2023 la producción de cocaína se disparó un 53% hasta las 2.600 toneladas y las hectáreas de cultivo de coca alcanzaron las 253.000. Para EE. UU., el «incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas recae únicamente en su liderazgo político».
Sin embargo, la respuesta colombiana no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro calificó la descertificación como una «decisión política» y acusó a Estados Unidos de querer un «títere en el gobierno colombiano». Con vehemencia, Petro recordó que es Colombia la que ha puesto «decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común» tratando de impedir que la cocaína llegue a los ciudadanos estadounidenses. Desde Bogotá, se subraya que la verdadera falla radica en la política antidrogas de Estados Unidos, enfatizando que para disminuir los cultivos de coca se necesita «disminución de la demanda por cocaína fundamentalmente en EE. UU. y Europa«, no más glifosato.
Impacto posible: Entre la ayuda condicionada y la autonomía militar
La descertificación, que es una evaluación anual de Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países, implica la amenaza de suspender la ayuda exterior. Para Colombia, esto representa una ayuda anual de unos 380 millones de dólares. Históricamente, Estados Unidos ha entregado más de 10.000 millones de dólares entre 2000 y 2018 para fines militares, sociales y de erradicación.
No obstante, en un movimiento que refleja la complejidad de esta relación, el gobierno de Trump emitió una exención («waiver») a las sanciones, citando intereses nacionales vitales. Esto significa que, aunque la descertificación tiene un «peso simbólico» y enfría las relaciones, la «cooperación crítica, incluyendo en antinarcóticos, continúe«. Analistas como Héctor Galeano sugieren que, a pesar del «waiver», aún podría haber una reducción de «hasta el 30-40% de recursos económicos«, aunque el escenario de una «versión dura» con la pérdida casi total de financiación, aranceles o sanciones a funcionarios, parece haberse evitado por ahora.
La respuesta más contundente de Colombia fue el anuncio del presidente Petro de suspender la compra de armamento a Estados Unidos. «Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos«, declaró Petro, asegurando que a las fuerzas militares colombianas «les va mejor si compran sus armas o si las hacen con nuestros recursos propios porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional». Esta decisión tiene implicaciones profundas para una fuerza pública que ha dependido históricamente del apoyo y equipo estadounidense, como los helicópteros Blackhawk.
La Propuesta de un nuevo enfoque: más allá de la «Legalización» explícita
El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado consistentemente un cambio de enfoque radical en la guerra contra las drogas. Para Petro, la estrategia tradicional ha sido un «fracaso». Su administración ha suspendido la erradicación forzada de hoja de coca y ha enfatizado la necesidad de disminuir la demanda en los países consumidores como EE. UU. y Europa.
Este nuevo paradigma busca sustituir los cultivos ilícitos por «economías legales» y se opone a métodos como la fumigación con glifosato. Pese a las críticas de EE. UU. por los niveles récord de producción de cocaína, Colombia ha presentado sus propios logros: 11.000 hectáreas de coca erradicadas y sustituidas este año, con una meta de 30.000, y la incautación de más de 700 toneladas de cocaína y la destrucción de 4.570 laboratorios clandestinos solo en 2025. Estas incautaciones récord (1.764 toneladas entre agosto de 2022 y noviembre de 2024) no evitaron la descertificación, pero probablemente atenuaron las sanciones más severas.
La visión de Petro, aunque no se explicite como un plan de «legalización» integral, representa un desafío fundamental al paradigma prohibicionista. Al priorizar la reducción de la demanda y la sustitución de cultivos sobre la erradicación forzada, y al exigir que se reconozca el coste humano y económico que ha asumido Colombia, el gobierno de Petro busca redefinir la corresponsabilidad global en el problema de las drogas. Esta postura implica una apuesta por la soberanía nacional y la búsqueda de soluciones internas, incluso si eso significa tensar la relación con su aliado histórico.
La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos es un síntoma de una crisis más profunda: la ineficacia de la «guerra contra las drogas» tal como la conocemos y la creciente brecha ideológica y pragmática entre dos naciones que alguna vez fueron los aliados más cercanos en la región. Mientras EE. UU. insiste en la responsabilidad del «liderazgo político» colombiano y en la erradicación, Colombia, cansada de poner los muertos y el territorio, exige un reconocimiento a su sacrificio y un cambio de enfoque hacia la reducción de la demanda global.
Esta coyuntura no solo enfría las relaciones diplomáticas, sino que obliga a Colombia a repensar su autonomía en defensa y su estrategia antidrogas. La próxima administración colombiana, que asumirá en 2026, enfrentará el enorme reto de «realiñarse con Washington» o consolidar un camino soberano, cooperando más con otros países y buscando soluciones propias. El dilema persiste: ¿Continuará Colombia sacrificando vidas y recursos en una guerra que no ha ganado, o la descertificación será el catalizador para un nuevo modelo de abordaje del fenómeno de las drogas que priorice la soberanía y una visión más integral y justa?
Más publicaciones de El Radar del Sol:
