El Pacto Histórico se dirige hacia la consulta popular presidencial del 26 de octubre en medio de una profunda tensión que amenaza con desgarrar su tejido ético y político. Si bien la meta declarada es alcanzar la unidad para construir un gran frente amplio que gane en primera vuelta, la inscripción de los nombres de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, levanta gran expectataiva.
El análisis de la contienda deja a Corcho y Cepeda como los fuertes aspirantes que representan la coherencia y la continuidad del proyecto transformador, precisamente por el rechazo explícito que ha generado la candidatura de Quintero dentro de las filas más leales al progresismo.
La primera y más contundente confrontación de versiones vino del propio Gustavo Bolívar, quien tomó la «dolorosa» decisión de no inscribirse en la consulta, basando su retiro en una «cuestión de principios y de ética«. Bolívar expuso sin rodeos el dilema: no podía verse obligado a trabajar por una candidatura en la que no cree, una candidatura con «muchas incoherencias» y «muchas sombras sobre sí». El blanco de esta crítica es claro: Daniel Quintero. Bolívar señaló que no puede caer en la «incoherencia hoy de estar apoyando a un imputado por corrupción que en dos meses, el 21 de noviembre, se tiene que sentar él y todo su gabinete cuando fue alcalde en el banquillo de los acusados».
Esta situación jurídica, que Bolívar equipara a la de Rodolfo Hernández, a quien combatió en el pasado, demuestra que el riesgo de Quintero no es solo electoral, sino moral, especialmente si consideramos sus supuestas alianzas con «sectores corruptos de la política» que podrían «distorsionar el resultado».
En este contexto de ruptura ética, Iván Cepeda surge como el principal beneficiario y el estandarte de la decencia. Bolívar anunció con «mucha alegría» que apoyará a Cepeda, describiéndolo como un «hombre coherente, es un hombre decente». La postura de Cepeda se alinea con este llamado a la moralidad, pues ha defendido que su posición está basada en «principios éticos» y la «consolidación del proyecto político». Cepeda, con una larga historia de combate a «los sectores más corruptos, criminales y mafiosos de la política», rechaza los «pactos politiqueros» y las «maquinarias que hoy pretenden tomarse el Pacto Histórico». Su candidatura no es un simple pulso electoral, sino una defensa de la línea roja que prohíbe el «suicidio político» de las fuerzas alternativas.
Corcho: El salto hacia la reinvención progresista
Mientras Cepeda capitaliza el flanco ético, Carolina Corcho se posiciona como la candidata de la renovación generacional. Existe una reflexión crucial dentro del progresismo que subraya la necesidad de que Colombia pueda «continuar el cambio y deberíamos dar la oportunidad a que el progresismo de un salto hacia una primera mujer presidenta«.
Según Corcho esta urgencia de cambio se intensificó tras la derrota en Medellín y Antioquia por la mala administración de Quintero. En esta región el uribismo, por primera vez en dos décadas, logró ganar tanto la gobernación como la alcaldía con un «uribista pura sangre». Este revés en un bastión clave del país no solo «envalentonó» al uribismo, sino que sirvió como una advertencia de que la estrategia actual del progresismo requiere una nueva cara y una apuesta más audaz. Corcho representa, en este análisis, no solo una figura fuerte de la administración Petro, sino la oportunidad de implementar la «reserva» política que el movimiento necesita para evitar futuras derrotas.
Más allá de los nombres, la consulta ocurre mientras el Pacto Histórico enfrenta un desafío existencial. La tentación de la división es una «línea roja» que no están dispuestos a cruzar, pero el establecimiento está intentando «sabotear jurídicamente este proceso». El CNE ha reducido legalmente el Pacto Histórico al Polo Democrático, la UP y el PCC, una interpretación que ignora la «voluntad de millones» y la realidad política de movimientos como Colombia Humana y Progresistas, que carecen de personería jurídica.
En esta batalla por el derecho fundamental a organizarse como partido, las candidaturas de Corcho y Cepeda, figuras intrínsecamente ligadas al proceso de transformación del gobierno Petro, ofrecen la mayor garantía de defensa del proyecto político ante el sabotaje legal y la amenaza de división interna. La consulta del 26 de octubre, promovida para lograr la unidad, irónicamente, se ha convertido en el campo de batalla donde el progresismo debe decidir si la conveniencia electoral, representada por las alianzas cuestionables, pesa más que la coherencia, encarnada por Corcho y Cepeda.
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