El anuncio del incremento del salario mínimo para 2026 no es solo una cifra; es un cambio de paradigma que sitúa a Colombia en un laboratorio económico sin precedentes regionales. Con un aumento base del 23%, que eleva el ingreso a $1.750.905 (más un auxilio de transporte de 249.095 (para un gran total de $2.000.000), el Gobierno Nacional decidió apostar por la teoría de la demanda agregada en lugar de la tradicional visión de control de costos de la escuela de Chicago.
El argumento del Gobierno: La dignificación como motor
Desde la Casa de Nariño, la narrativa es clara: se busca transitar del «salario mínimo» al «salario vital familiar». El argumento central es que, al poner más dinero en el bolsillo de 2.4 millones de trabajadores, se incentiva el consumo en la «economía popular» (tiendas, restaurantes, microempresas), lo que a su vez debería dinamizar la producción. Se respalda en datos actuales: una inflación controlada en torno al 5.2%-5.3% y una tasa de desempleo históricamente baja del 7% a noviembre de 2025. Para el Ejecutivo, el trabajador no es una mercancía, sino el principal aliado del progreso.
La cruda realidad del empresariado: El riesgo de la asfixia
Sin embargo, los gremios y analistas advierten que la «justicia social» podría traducirse en informalidad. El costo real para un empleador por cada trabajador no será de 2millones, sino de aproximadamente $2.951.869, al incluir seguridad social y prestaciones. Para las Pymes, que generan el 80% del empleo formal, este incremento del 23.7% es calificado como «desmesurado». Expertos sugieren que esto podría duplicar la inflación (llevándola a un 6-7%) y encarecer productos indexados, como la Vivienda de Interés Social (VIS), que pasaría de $220 a $260 millones de pesos.
¿Puede la justicia tumbar el decreto?
La pregunta que hoy trasnocha a los analistas es la viabilidad jurídica ante el Consejo de Estado (el tribunal competente para estos decretos, más que la Corte Constitucional). Existe un precedente: la nulidad del incremento de 2016. No obstante, la abogada Carolina Restrepo advierte que la justicia no anula decretos por ser «escandalosos» o «exagerados», sino por falta de motivación técnica. A diferencia de 2016, el decreto actual parece venir blindado con estudios del DANE y referencias a la productividad, lo que hace difícil que prospere una demanda por vicios de procedimiento. Un punto vital: incluso si se anula, la decisión no sería retroactiva, protegiendo los pagos ya realizados a los trabajadores.
Visiones y alternativas: El camino hacia 2026
Para que este incremento no termine en una «ilusión monetaria» donde los precios suban más rápido que los ingresos, las partes deben buscar alternativas urgentes:
• Para las Pymes: La adopción de automatización y eficiencia operativa es innegociable para mantener márgenes.
• Para el Gobierno: Se requieren incentivos tributarios y subsidios a la formalización (como exenciones por contratar jóvenes o personas con discapacidad) que compensen el choque salarial, especialmente tras el hundimiento de la ley de financiamiento.
• Visión a futuro: Colombia se posiciona con el tercer salario más alto de Sudamérica. El éxito dependerá de si el país logra una reindustrialización basada en ciencia y tecnología, y no solo en la explotación de mano de obra barata.
En conclusión, Colombia decidió jugar una carta audaz en el tablero económico latinoamericano. El éxito de los $2 millones no se medirá el 1 de enero, sino en el primer trimestre de 2026, cuando los datos de desempleo e inflación nos digan si estamos ante un modelo de bienestar sostenible o ante una espiral que expulsará a miles hacia la informalidad.
¿Está el tejido empresarial colombiano preparado para absorber este costo sin trasladarlo íntegramente al consumidor, o estamos ante el inicio de una crisis de sostenibilidad para la pequeña empresa?
