La administración municipal de Pasto, bajo el mando del alcalde Nicolás Toro, atraviesa un momento de profundas contradicciones que exigen una mirada rigurosa. Por un lado, el mandatario exhibe un nivel de ejecución presupuestal del 94% y una tasa de desempleo del 7.9%, situando a la ciudad como la sexta con menor desocupación en el país, compitiendo de cerca con Medellín. En el papel, la gestión de recursos parece impecable: se ha asegurado la financiación de la carretera Catambuco-Pasto con 325,000 millones de pesos y se ha rescatado el hospital municipal, que hoy reporta utilidades superiores a los 6,000 millones de pesos. No obstante, tras el brillo de estas cifras macroeconómicas, aparece una realidad social que el propio alcalde califica de «entristecedora».
La trampa de la infraestructura y el vacío social
El balance en infraestructura es ambivalente. Si bien se celebra la ampliación del plan de movilidad hasta 2027, evitando una multa catastrófica de 240,000 millones de pesos, y el avance en el pavimentado de 37.5 km de vías rurales, la ciudad física no parece proteger a sus ciudadanos. Las estadísticas de convivencia son alarmantes: 50 personas quemadas con pólvora (Hasta el momento según el IDSN) —36 de ellas en una sola noche— y un saldo de 57 fallecidos en accidentes de tránsito, donde el 50% de los casos estuvo vinculado al consumo de alcohol.
Desde el Concejo Municipal, voces críticas señalan que las campañas de prevención han sido insuficientes o mal enfocadas. Se cuestiona que los controles a la pólvora deban ser permanentes desde el inicio del año y no solo estacionales, atacando la venta libre en empresas legalmente constituidas que surten a los vendedores informales. El aumento de los homicidios, que pasaron de 32 a 42 casos anuales (incluyendo tres feminicidios confirmados), refuerza la percepción de una seguridad ciudadana que se le escapa de las manos a la administración.
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El POT: Un freno al desarrollo y a la vivienda
La mayor negligencia administrativa, coinciden varios concejales, es el retraso de tres años en el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta parálisis no es un detalle técnico; es un bloqueo al derecho a la vivienda y al empleo. Pasto se encuentra «rajado» en la generación de vivienda de interés social cualitativa y cuantitativa. La falta de incorporación de estudios técnicos sobre zonas de riesgo volcánico y límites político-administrativos mantiene en la incertidumbre a miles de familias y ahuyenta la inversión privada. El sector de la construcción, que antes generaba 27,000 empleos, hoy apenas sostiene entre 5,000 y 7,000 plazas, una caída estrepitosa que la informalidad del 70% no alcanza a compensar.
La crudeza de la salud mental en una ciudad que mira hacia otro lado
Quizás el punto más doloroso sea la crisis de salud mental. Con 718 intentos de suicidio y 48 fallecidos por esta causa en el último año, la respuesta institucional parece quedarse en el discurso. Los «centros de escucha» de la Secretaría de Salud son criticados por carecer de una dinámica efectiva para llegar a jóvenes y adultos. Existe una desconexión entre las carteras de Salud y Educación; esta última no ha logrado incidir en la formación de la inteligencia emocional de los docentes y estudiantes para prevenir tragedias desde las aulas. Mientras se invierten miles de millones en cemento, la vida de los pastusos se apaga en silencio por falta de profesionales y presupuesto adecuado para la salud emocional.
El abismo de la recategorización
Financieramente, el municipio camina sobre una cuerda floja. El incremento del salario mínimo a nivel nacional ha puesto en riesgo la permanencia de Pasto en la primera categoría. Si los ingresos corrientes de libre destinación no superan el ritmo del gasto de funcionamiento, la ciudad perderá autonomía y transferencias nacionales, obligando a reducir la inversión social para pagar la nómina. Esta presión ya se siente en el bolsillo del ciudadano con el aumento de 200 pesos en la tarifa del transporte público, una decisión justificada por los costos operacionales pero que golpea a una población con alta informalidad.
El cierre del cuadro es financiero y no menos inquietante. Pasto camina por la cornisa de la recategorización municipal, un abismo técnico que, traducido a la vida real, significa menos autonomía y más dependencia. Si los ingresos corrientes de libre destinación no logran seguirle el paso al aumento del gasto de funcionamiento (especialmente por el aumento del salario mínimo, entre otros aspectos), la ciudad perderá categoría, capacidad de maniobra y recursos para inversión social. ¿Y cuál parece ser la salida más rápida? Que pague el pueblo. Tarifas que suben —como el transporte público— decisiones tomadas en escritorios y justificadas en balances, pero asumidas por ciudadanos que no participaron ni en la discusión ni en la solución.
Y por si fuera poco, se plantea que el arrendamiento suba al mismo ritmo del salario mínimo, como si la mayoría de los hogares pastusos vivieran de empleos formales, estables y bien remunerados. ¿Dónde está la cordura cuando se traslada el peso del ajuste fiscal a una ciudad con más del 70% de informalidad? ¿En qué momento se perdió la sensibilidad social para entender que subir arriendo, transporte y costo de vida al mismo tiempo no es ajuste, es asfixia? La pregunta es inevitable y profundamente política: ¿qué están haciendo los líderes políticos de Pasto más allá de administrar cifras? ¿Quién está pensando en cómo proteger al ciudadano común de una crisis que no provocó, pero que le estarán cobrando puntualmente, mes a mes?
Pasto no puede permitirse ser una ciudad de indicadores verdes y realidades rojas. De nada sirve alcanzar una ejecución del 94% si la sociedad que habita esas obras está sumida en la embriaguez, las riñas, la violencia de género y la desesperanza. El alcalde Toro y el Concejo tienen dos años para demostrar que la política es más que gestionar convenios nacionales; el reto es destrabar el POT para generar empleo digno y reformar la estrategia social para que la vida, y no el asfalto, sea la prioridad. La pregunta queda abierta para la ciudadanía:
¿Estamos construyendo una capital moderna o simplemente pavimentando el camino hacia una crisis social irreversible?
