La salida de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo de la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) marca un punto de inflexión en el círculo íntimo del Gobierno Nacional. Aunque la funcionaria defiende su gestión como un ejercicio de honestidad y dignidad, su renuncia irrevocable ocurre en medio de acusaciones de acoso laboral, disputas por millonarios recursos de contratación y un evidente distanciamiento con el presidente Gustavo Petro. Mientras Rodríguez se alista para asumir la gerencia en propiedad del Fondo Adaptación, los ecos de su gestión en Palacio revelan un ambiente de trabajo calificado por fuentes internas como un «infierno».
La renuncia de Angie Rodríguez a la Dirección del Dapre no sorprendió a quienes siguen de cerca los movimientos en la Casa de Nariño. Tal como lo anticiparon investigaciones periodísticas previas, la funcionaria presentó su dimisión con carácter irrevocable, cerrando un capítulo complejo en la secretaría general de la Presidencia. Rodríguez asegura que su partida responde a una iniciativa propia y voluntaria, enfatizando que deja la entidad «con la frente en alto» y con un balance de compromiso absoluto con lo público,. Sin embargo, la realidad detrás de los muros de Palacio sugiere una narrativa mucho más turbulenta.
El quiebre de la confianza presidencial
El distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y Rodríguez se hizo evidente en las últimas semanas. Según fuentes del Palacio de Nariño, la funcionaria ya no gestionaba la agenda del mandatario, una tarea que ahora desempeña José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. La molestia de Petro radicaría en movimientos administrativos ejecutados sin su consentimiento. Específicamente, el mandatario habría manifestado su descontento tras descubrir que, a inicios de enero, se subieron 19 hojas de vida al portal institucional para ocupar puestos en el Dapre sin su previa revisión.
Este clima de desconfianza coincide con la salida de otros funcionarios clave. Sergio Beltrán, quien se desempeñaba como jefe financiero de la Presidencia, renunció de manera intempestiva alegando que, si bien puede renunciar a los privilegios, «nunca a sus principios». Investigaciones sugieren que Rodríguez habría motivado la salida de Beltrán tras la negativa de este a firmar convenios relacionados con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), una situación que llegó a oídos del propio presidente.
Acoso laboral y enfrentamientos institucionales
La gestión de Rodríguez también enfrenta serios cuestionamientos legales y éticos. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), radicó una queja formal por acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo contra ella. Carrillo sostiene que Rodríguez, en su calidad de superior jerárquica, utilizó declaraciones públicas y privadas para menoscabar su reputación y obstaculizar la labor de su equipo.
Este enfrentamiento tiene un trasfondo económico profundo: el control del Fondo Adaptación. Este organismo, creado tras el fenómeno de La Niña, administra recursos millonarios para la recuperación de territorios afectados por el clima. Aunque Carrillo ejercía como gerente encargado, el presidente asignó esa responsabilidad a Rodríguez en noviembre, cargo que ahora asumirá en propiedad a pesar de las denuncias cruzadas por presuntas irregularidades presupuestales planteadas por la propia Rodríguez contra la gestión de Carrillo.
Un ambiente de trabajo «infernal»
Los testimonios de empleados y exempleados del Dapre pintan un panorama sombrío sobre la dinámica interna bajo el mando de Rodríguez. Se reportan tensiones constantes con figuras como José Alexis Mahecha, exsubdirector del Dapre y antiguo agente del DAS, a quien Rodríguez estuvo a punto de declarar insubsistente. Funcionarios bajo reserva describen que Mahecha, cercano al círculo de Rodríguez, convirtió la estancia en Presidencia en un «infierno», mediante amenazas de terminación de contratos y un control arbitrario sobre el personal.
Además, voces externas como la del abogado Ricardo Romo Insuasti han vinculado a Rodríguez con presuntas prácticas que influyeron hasta en el nombramiento de la dirección de Corponariño. Donde aparece también la influencia política de Alberto Benavides y naturalmente Teresa Enríquez. A Benavides le corresponde dar explicaciones de la unanimidad del voto de los miembros del Consejo Directivo de Corponariño, donde influían fuerzas políticamente contrarias y el nombramiento se lo presentó como un cambio. Romo Insuasti en su comentario en «X» cierra escribiendo: «En Corponariño denuncie y tumbé la más asquerosa corrupción en 20 años; Pero, Benedetti y Rodríguez, montaron otra peor«.
Recomposición del gabinete
La salida de Rodríguez ocurre en un contexto de reorganización mayor. El presidente Petro solicitó la renuncia de otros altos funcionarios, como el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián. Asimismo, se han confirmado movimientos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde Jorge Lemus será reemplazado por René Guarín para asumir nuevas funciones en la UIAF.
Angie Rodríguez se traslada ahora al Fondo Adaptación, una entidad que ha sido históricamente un foco de disputas por su presupuesto. Su llegada se produce en un escenario de alta tensión política y judicial, dejando tras de sí un Dapre marcado por la división y una estructura de poder que el presidente Petro intenta reconfigurar con funcionarios de su extrema confianza.
La transición de Angie Rodríguez hacia el Fondo Adaptación no apaga los incendios iniciados en el Dapre. Mientras ella defiende su legado de honestidad, las investigaciones por acoso laboral y las quejas sobre su estilo de gestión administrativa permanecen activas en los entes de control. Este episodio subraya los desafíos internos del «gobierno del cambio», donde las lealtades personales y los principios técnicos parecen estar en una colisión constante que termina por redefinir el mapa de poder en la Casa de Nariño.
