La participación del abogado Hollman Ibáñez Parra como conjuez en el Consejo Nacional Electoral (CNE) desató una tormenta política y jurídica en Colombia. Mientras sectores denuncian que una sanción vigente por tres años y sus vínculos históricos con el buffet de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático viciaron su imparcialidad al excluir al candidato Iván Cepeda de la consulta interpartidista, desde un punto de vista técnico legal se sostiene que la ley lo faculta plenamente para actuar debido a recursos legales en trámite. Este caso pone en el centro del debate la integridad de las instituciones electorales y los límites éticos de quienes imparten justicia.
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El ascenso de un conjuez cuestionado
La exclusión de Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo no fue una decisión sencilla para el CNE. Ante la falta de una mayoría clara entre los magistrados titulares, el organismo debió recurrir a la figura de los conjueces para destrabar la votación. Inicialmente, fue nombrado el abogado pastuso Alejandro Sánchez, quien decidió apartarse éticamente tras revelarse que formó parte del equipo de defensa de Álvaro Uribe en procesos donde Cepeda es reconocido como víctima.
Tras la salida de Sánchez, ingresó Hollman Ibáñez Parra, quien finalmente inclinó la balanza en contra del candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, la llegada de Ibáñez trajo consigo nuevas revelaciones. El abogado enfrenta una sanción disciplinaria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, la cual lo suspendió por tres años para ejercer su profesión por una presunta «falta de lealtad con la administración de justicia» al promover múltiples acciones de tutela sobre un mismo caso.
La defensa legal: El derecho a la doble instancia
Frente a la gravedad de los señalamientos, el abogado Marco Parra Espitia, desde su experticia legal, sostiene que Ibáñez no incurrió en ninguna irregularidad al actuar como conjuez. Espitia explica que, aunque existe un fallo de primera instancia, este fue apelado el 21 de noviembre pasado. En el derecho colombiano, este recurso se concede con «efecto suspensivo», lo que significa que los efectos jurídicos de la sanción quedan congelados hasta que una segunda instancia decida de fondo.
«Al día de hoy esa sanción no existe, está suspendida, por lo que el doctor Ibáñez tiene toda la competencia», enfatiza Espitia, asegurando que para los efectos legales el jurista no tiene inhabilidad alguna. Según esta versión, Ibáñez actúa bajo el amparo de la ley y el debido proceso, manteniendo su autonomía e independencia para decidir en el CNE.
Evidencias de un pasado ligado al poder
No obstante, la investigación de Cuestión Pública expuso una red de conexiones que dificulta la imagen de neutralidad del conjuez. Se halló un documento dirigido al Consejo de Estado con el membrete de la firma «De la Espriella Lawyers Enterprise», firmado por el propio Ibáñez Parra, lo que confirma su vinculación laboral con el buffet de Abelardo de la Espriella, actual candidato presidencial. Asimismo, el perfil de LinkedIn de Ibáñez promociona su relación con dicha firma desde el año 2019.
Los nexos se extienden al Centro Democrático. La empresa de Ibáñez, HI & CO ADVISOR- INVESTMENT S.A.S., tuvo como gerente suplente a Rosalín Orozco Becerra, una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe, quien en 2013 le ofreció personalmente el puesto 37 en la lista al Senado por el uribismo. Además, se destaca la labor de Ibáñez defendiendo la curul de Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar «Jorge 40», cuya trayectoria política ha estado marcada por el apoyo de sectores uribistas.
Reacciones y denuncias: El contraataque de Iván Cepeda
La respuesta de los afectados no se ha hecho esperar. Iván Cepeda calificó la decisión del CNE como «arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática», denunciando que se violan los derechos de más de un millón y medio de votantes que lo eligieron en la consulta interna del Pacto Histórico. Como consecuencia, el partido anunció su retiro de la consulta de marzo para presentarse directamente en la primera vuelta presidencial.
Cepeda fue más allá y anunció que interpondrá denuncias penales por prevaricato por omisión contra Hollman Ibáñez y el magistrado Álvaro Hernán Prada. Según el dirigente político, Ibáñez debió declararse impedido por haber realizado pronunciamientos extraprocesales y por mostrar una clara «animadversión» en su contra y hacia el Pacto Histórico.
Institucionalidad en riesgo
Desde la academia y el servicio público, las críticas son severas. El exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, señaló que el comportamiento de Ibáñez «raya en el código disciplinario y penal». Pérez argumenta que las posiciones públicas de Ibáñez en contra del Frente Amplio y su cercanía con De la Espriella inhabilitaban su participación ética en el caso. Para el exmagistrado, este tipo de actuaciones contribuyen al «deterioro de las instituciones» y restan autonomía a una organización electoral que debería ser garantía de imparcialidad para todas las fuerzas políticas.
Por su parte, la investigación periodística cuestiona si el CNE conocía de la sanción vigente de Ibáñez antes de su posesión, un proceso que actualmente reposa en el despacho del magistrado Juan Carlos Granados Becerra desde enero de este año. La validez jurídica de la decisión que excluyó a Cepeda queda ahora supeditada a lo que resuelva la justicia disciplinaria sobre la situación del conjuez.
Un futuro incierto para la justicia electoral
El caso de Hollman Ibáñez Parra abre un debate profundo sobre los estándares éticos y legales requeridos para los conjueces en Colombia. Mientras la defensa se aferra a la letra técnica de la ley para validar su actuación, la acumulación de evidencias sobre sus vínculos políticos y su situación disciplinaria plantea dudas razonables sobre la integridad de la decisión tomada. En un año electoral crítico, la confianza en el CNE pende de la claridad con la que se resuelvan estos cuestionamientos, dejando a la ciudadanía y a los tribunales superiores la tarea de determinar si se trató de un ejercicio legítimo del derecho o de una maniobra diseñada desde las sombras del poder.
