El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta una actuación administrativa que pone en vilo la participación de la coalición Pacto Histórico en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026. Bajo la ponencia del magistrado Álvaro Hernán Prada, el organismo estudia una solicitud de revocatoria de la lista cerrada al Senado, fundamentada en el presunto desconocimiento de los resultados vinculantes de la consulta interpartidista realizada en octubre de 2025. La decisión final podría obligar a una reestructuración total de la plancha de candidatos o, en un escenario extremo, a la anulación de la inscripción por violar las normas de democracia interna.
A escasas semanas de que los colombianos acudan a las urnas para renovar el Congreso de la República, el panorama político sufre un giro inesperado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó un proceso de investigación formal, radicado bajo el expediente CNE-E-DG-2026-004570, para determinar si la coalición Pacto Histórico vulneró los derechos de sus propios militantes al momento de conformar su lista definitiva al Senado.
El origen del conflicto se remonta al 26 de octubre de 2025, cuando la coalición —integrada por partidos como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista y el Movimiento Progresista— convocó a una consulta popular para que la ciudadanía definiera el orden de sus candidatos. En dicha jornada, 144 precandidatos se sometieron al escrutinio público para obtener un lugar en la lista cerrada. Sin embargo, la ciudadana Yurani Maritza Obando Muñoz, mediante un derecho de petición elevado ante el CNE, denuncia que el orden final inscrito el 5 de diciembre de 2025 no guarda relación con los votos obtenidos en las urnas.
La peticionaria sostiene que la inscripción de la lista configura una violación directa a la Ley 1475 de 2011, la cual establece que los resultados de las consultas populares son de carácter obligatorio y vinculante para las organizaciones políticas. Según el documento de Obando Muñoz, la coalición «ignoró el orden derivado de la votación obtenida por las ciento cuarenta y cuatro precandidaturas», lo que constituye una vulneración de las normas constitucionales y de los principios de democracia interna.
La solicitud no solo busca la revocatoria total de la inscripción. De manera subsidiaria, se pide al CNE que ordene la corrección inmediata del orden de la lista, ajustándola estrictamente a la voluntad expresada por los votantes en octubre. Esta petición ha recibido el respaldo de otros ciudadanos y veedurías, como la Veeduría Electoral Colombia y los ciudadanos Balger Mauricio Rodríguez y Jefferson Mauricio Vargas, quienes también solicitaron la intervención del tribunal electoral.
El avance del proceso y las pruebas
El magistrado instructor, Álvaro Hernán Prada, tomó medidas contundentes para esclarecer los hechos. Mediante un auto fechado el 25 de febrero de 2026, ordenó correr traslado de las pruebas a los implicados y dio un plazo perentorio de doce horas para que la coalición presente sus alegatos finales.
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran documentos críticos:
• El «Acuerdo de voluntades para participar en la Consulta Popular Interpartidista».
• El archivo Excel con los resultados oficiales de la votación de la consulta.
• Los formularios E-6 (inscripción de listas) y E-8 (lista definitiva de candidatos).
• Documentos internos de la coalición que mencionan que figuras como Carolina Corcho encabezarían la lista, lo cual habría modificado el orden resultante de los votos.
La actuación administrativa no solo afecta a los partidos, sino directamente a los más de 100 aspirantes que hoy hacen campaña en todo el país. Entre los nombres que figuran en la lista cuestionada y que fueron notificados oficialmente por el CNE se encuentran: Diana Carolina Corcho Mejía, Pedro Hernando Flórez, Wilson Arias Castillo, Aída Avella Esquivel, Ferney Silva Idrobo, Agmeth Escaf, Isabel Cristina Zuleta y David Racero, entre otros.
Incluso figuras de la cultura y la opinión pública que saltaron a la política en esta lista, como el caricaturista Julio César González (Matador), se encuentran a la espera de una decisión que podría cambiar su posición en el tarjetón o anular su posibilidad de ser elegidos.
La defensa del Pacto Histórico
Por su parte, los representantes legales de la coalición y sus partidos miembros han comenzado a responder a los requerimientos. Andrea Camila Vargas de la Hoz, Secretaria General de Colombia Humana, y otros líderes como Gabriel Becerra y María José Pizarro, han presentado pronunciamientos y solicitado que se mantenga la validez de la inscripción. Argumentan, en algunos casos, que ya existen resoluciones previas del CNE que han negado solicitudes similares, como la Resolución 0744 de 2026, intentando sentar un precedente a su favor.
Sin embargo, el magistrado Prada enfatizó en la necesidad de contrastar los resultados de la Registraduría con la lista final inscrita para asegurar que el derecho fundamental a la participación política no haya sido vulnerado mediante acuerdos «a dedo» que desconozcan la ley electoral.
El desenlace de este proceso es inminente. Con el traslado de pruebas ya ejecutado y los términos legales corriendo, el Consejo Nacional Electoral deberá decidir en los próximos días si la lista del Pacto Histórico se mantiene incólume o si debe ser reformada de raíz. En un sistema democrático, el respeto por las consultas populares es un pilar fundamental; de comprobarse que la coalición alteró el mandato de las urnas para favorecer intereses particulares o jerarquías internas, el impacto en las elecciones de 2026 será sísmico, reconfigurando las fuerzas políticas en el Senado antes de que se deposite el primer voto oficial.
Aquí el auto para su lectura y conocimiento:
