El anuncio de Iván Cepeda Castro de integrar a su fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena Aída Quilcué no es un movimiento cosmético en el complejo tablero de la política colombiana; es una declaración de confrontación simbólica y estratégica. Como periodista que ha seguido los hilos del poder, observo en esta alianza una amalgama de memoria histórica, dolor y un cálculo electoral quirúrgico que busca consolidar el bastión del suroccidente del país.
Empecemos por lo que muchos susurran en los cócteles de Bogotá: la formación. En una política que rinde culto al cartón académico, Aída Quilcué rompe el molde. Ella misma confiesa que su fuerte nunca fue el estudio formal; terminó la primaria en su vereda, La Toja, y solo llegó hasta octavo grado de bachillerato en Popayán.
Sin embargo, aquí es donde entra mi primera tesis: Quilcué posee una «doctorado en resistencia» que ninguna universidad puede otorgar. Aída Quilcué no es una figura improvisada; representa la columna vertebral del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización con más de 50 años de resistencia. Su mayor fortaleza reside en su autoridad moral. Quilcué sobrevivió a la violencia estructural de Colombia: desde la avalancha del río Páez en 1994, que marcó su inicio como líder comunitaria, hasta el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, a manos del Ejército en 2008. Ese trágico evento, que la justicia confirmó como una ejecución extrajudicial de una persona protegida, la convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra los «falsos positivos» y la estigmatización del Estado.
Políticamente, Quilcué aporta a Cepeda una conexión orgánica con el «país profundo». Mientras Cepeda se mueve con destreza en los pasillos del Congreso y los foros internacionales de derechos humanos, Quilcué trae consigo el bastón de mando y la capacidad de movilización de la Minga. En un país donde la representación indígena ha sido marginal, su figura rompe el molde del político tradicional.
La estrategia: La aritmética del suroccidente
Detrás de la mística de la resistencia, hay números fríos y contundentes. La estrategia de Cepeda busca capitalizar un bloque electoral que ya demostró su poder en 2022. En municipios con alta presencia indígena, el proyecto del Pacto Histórico alcanzó votaciones superiores al 70%. Según el DANE, existen aproximadamente 1,9 millones de indígenas en Colombia (4,4% de la población), y aunque no son un bloque monolítico, su estructura organizativa es capaz de inclinar la balanza en una elección cerrada.
Al elegir a Quilcué, Cepeda no solo busca votos; busca blindar su campaña con una narrativa de paz territorial. Quilcué conoce como pocos la realidad del Cauca, un territorio azotado por grupos armados y economías ilícitas, donde ella misma ha defendido que «la paz debe ser una salida política y negociada».
Sin embargo, el camino no está exento de espinas. La principal debilidad de esta fórmula es el riesgo de la «tokenización» o el uso decorativo de la identidad indígena. Históricamente, los movimientos sociales han sido usados como plataforma electoral para luego ser marginados de las decisiones estructurales del poder. ¿Tendrá Quilcué un papel real en la ejecución presupuestal o será relegada a actos protocolarios de diversidad étnica?
Además, la figura de Quilcué genera una polarización automática. Sectores conservadores y el ala uribista recuerdan con recelo su firmeza ante el expresidente Álvaro Uribe en la María, Piendamó, donde ella le exigió respeto tras ser señalados de terroristas. Esta confrontación histórica puede potenciar la campaña en sectores progresistas, pero también consolidar un techo electoral difícil de romper en el centro del país.
Gobernar no es protestar
El desafío más grande para esta dupla será la transición de la resistencia al gobierno. Una cosa es liderar una Minga que llega a Bogotá para exigir derechos y otra muy distinta es administrar la crisis de seguridad en el Cauca desde la Vicepresidencia. Quilcué deberá demostrar que su agenda de «liberación de la madre tierra» y la autonomía territorial pueden coexistir con las necesidades de desarrollo nacional y la institucionalidad del Estado.
La pregunta que queda en el aire es si el país está preparado para una Vicepresidenta que ve a la «Madre Tierra» como sujeto de derechos y que ha enfrentado cara a cara a los máximos poderes militares y políticos. Cepeda hace una apuesta audaz: decidió que su campaña no se ganará en los clubes de Bogotá, sino en las veredas y resguardos.
La fórmula Cepeda–Quilcué es mucho más que una candidatura; es el espejo de una Colombia que reclama su lugar en la historia desde la periferia. Si logran superar la barrera del simbolismo y proponer soluciones reales al conflicto que desangra al Cauca, y el relego histórico del suroccidente, podrían redefinir el poder ejecutivo. No obstante, queda el interrogante: ¿Lograrán que el bastón de mando indígena sea respetado en los salones de la Casa de Nariño, o terminará siendo otra promesa de inclusión diluida en la burocracia estatal? El debate está servido y la nación observara.
