Durante más de tres décadas, el senador conservador Efraín Cepeda Sarabia ha sido una de las figuras más estables del Congreso colombiano. Desde 1991 ocupa una curul en el Senado y logró consolidar una maquinaria electoral sólida en la región Caribe.
Sin embargo, su trayectoria política vuelve a estar bajo escrutinio tras nuevas declaraciones judiciales que apuntan a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: la relación entre poder político, presupuesto público y paramilitarismo.
Las acusaciones no son nuevas. Desde hace años, investigaciones judiciales y testimonios en procesos de Justicia y Paz han planteado interrogantes sobre cómo el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) logró consolidar su poder territorial en departamentos como Atlántico y Magdalena.
La hipótesis que sigue sin resolver es: los recursos del presupuesto nacional pudieron haber alimentado indirectamente las finanzas de esas estructuras armadas.
El detonante más reciente proviene de Álvaro Ashton, exsenador condenado por parapolítica y actualmente compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En una declaración rendida en febrero de 2025, Ashton afirmó que varios congresistas del Caribe habrían participado en acuerdos políticos que permitieron canalizar recursos del Presupuesto General de la Nación hacia proyectos ejecutados en Barranquilla y municipios cercanos.
Según su testimonio, parte de esos recursos terminarían alimentando las finanzas del Frente José Pablo Díaz, una estructura del Bloque Norte de las AUC. Entre los nombres mencionados por Ashton figura el del senador Efraín Cepeda, junto a otros dirigentes políticos de la región.
Tras estas declaraciones, la JEP decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia competente para investigar penalmente a los congresistas con fuero. Hasta ahora, la investigación se encuentra en etapa preliminar y no existe imputación formal.
Cómo operaba el modelo paramilitar en el Caribe
Para entender el alcance de estas acusaciones es necesario retroceder al modelo político que las AUC consolidaron en el Caribe durante los años 2000.
El Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, desarrolló una estrategia que iba más allá del control militar.
Su objetivo era capturar el poder institucional local.
Investigaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía y organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) documentaron que los paramilitares:
- presionaban resultados electorales
- imponían candidatos
- negociaban apoyos con políticos
- controlaban contratación pública
En varios procesos judiciales quedó demostrado que alcaldes y gobernadores actuaban como intermediarios entre el presupuesto nacional y las estructuras armadas.
El dinero no llegaba directamente desde el Congreso.
Pasaba por una cadena de intermediación:
Congreso → proyectos nacionales → alcaldías → contratistas → estructuras paramilitares.
Uno de los puntos más sensibles del testimonio de Ashton es la forma en que describe el flujo del dinero.
Según su versión, algunos congresistas influían en la asignación de partidas presupuestales para obras públicas, especialmente en sectores como:
- saneamiento básico
- infraestructura
- salud
- proyectos sociales
Una vez aprobados los recursos, estos proyectos eran ejecutados por contratistas que debían pagar porcentajes a estructuras paramilitares que controlaban el territorio.
Este sistema de extracción de rentas ya ha sido documentado en múltiples casos de parapolítica.
Las AUC lo llamaban “impuesto de guerra”.
El grupo paramilitar señalado en las declaraciones de Ashton es el Frente José Pablo Díaz, una estructura creada en 2003 dentro del Bloque Norte.
Su comandante fue Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio.
Este frente operaba principalmente en:
- Barranquilla
- Soledad
- Malambo
- Puerto Colombia
- municipios del Atlántico
A diferencia de otros frentes paramilitares, su estrategia no era solo militar.
También desarrolló una red de influencia política y empresarial.
En 2006, cuando fueron incautados los computadores de alias Don Antonio, investigadores encontraron registros de contratación irregular en hospitales, universidades y empresas públicas de la región.
El testimonio de Ashton también menciona la participación de empresarios y dirigentes regionales que habrían facilitado el crecimiento del Bloque Norte.
Según su relato, las alianzas entre políticos, empresarios y emisarios paramilitares se tejían en espacios sociales y empresariales de Barranquilla.
En esos escenarios se discutían:
- acuerdos electorales
- contratación pública
- redistribución de poder regional.
Aunque estas afirmaciones hacen parte del expediente judicial, muchas de ellas aún no han sido corroboradas por decisiones judiciales definitivas.
Más allá de los señalamientos históricos, el senador Cepeda también ha enfrentado cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción política en años recientes.
Uno de los más conocidos surgió tras una investigación periodística de Revista Raya, que reveló chats de WhatsApp en los que un funcionario de Barranquilla hablaba del pago de comisiones ilegales asociadas a contratos públicos.
En esas conversaciones se mencionaba el nombre de “Fincho” Cepeda, apodo con el que se conoce al senador.
Cepeda ha negado cualquier relación con esos hechos.
Otro episodio se conoció en 2022, cuando se filtró un audio en el que un exalcalde de Sucre hablaba de un proyecto de repoblamiento bovino por 9.000 millones de pesos, supuestamente asociado a apoyos electorales.
Ese caso tampoco ha derivado en condenas judiciales.
La respuesta de Cepeda
El senador ha rechazado de manera tajante todas las acusaciones.
Tras conocerse el testimonio de Ashton, Cepeda aseguró que su carrera política de más de 30 años es “limpia” y que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales.
También anunció acciones legales por injuria y calumnia contra Ashton, a quien acusó de intentar involucrar a figuras políticas para obtener beneficios judiciales.
Cepeda sostiene que las denuncias forman parte de una estrategia política para afectar su eventual aspiración presidencial en 2026, aspiración que no pudo continuar porque el partido conservador decidió no presentar candidato propio, sino buscar a apoyar a otro candidato de derecha o centroderecha.
Las investigaciones abiertas
Actualmente existen varias investigaciones relacionadas con el senador en distintas instancias.
Entre ellas:
Corte Suprema de Justicia
- compulsa de copias tras testimonios en la JEP
- investigación preliminar por presuntas irregularidades en una votación del Senado en 2025.
Fiscalía
- indagaciones relacionadas con contratos públicos en Barranquilla.
Hasta ahora, ninguno de estos procesos ha derivado en imputaciones o condenas.
Más allá de los nombres propios, este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda sobre el funcionamiento del poder político en Colombia.
Durante la expansión paramilitar, múltiples investigaciones demostraron que las AUC no solo buscaban controlar territorios. También intentaron capturar el Estado. El presupuesto público se convirtió entonces en uno de los principales botines.
Teniendo en cuenta varios fallos de parapolítica, emitidos por la Corte Suprema, nos podría llevar a inferir que:
El poder armado ilegal buscó reemplazar la democracia representativa mediante alianzas con sectores de la clase política.
El testimonio de Ashton y las compulsas de copias enviadas a la Corte Suprema representan apenas una pieza más en un rompecabezas que el país intenta reconstruir desde hace dos décadas. El sistema judicial deberá determinar si las acusaciones tienen sustento o si se trata de versiones sin soporte probatorio.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta:
¿Hasta qué punto el presupuesto nacional fue utilizado para financiar la expansión paramilitar en el Caribe?
La respuesta no solo definirá el futuro judicial de algunos dirigentes políticos.
También será clave para entender cómo el conflicto armado penetró las instituciones del Estado colombiano.
Expediente Cepeda
Análisis de las presuntas rutas de desviación del presupuesto nacional hacia las AUC
Este informe visual sintetiza las investigaciones y testimonios que señalan al ex presidente del Senado, Efraín Cepeda, en un presunto entramado de corrupción. Las indagaciones sugieren la existencia de un mecanismo sistemático donde fondos del presupuesto nacional habrían sido redirigidos, a través de contratos regionales e infraestructura, para financiar las operaciones del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Impacto Estimado del Entramado
Cifras globales deducidas de expedientes judiciales y reportes de fiscalización que dimensionan la magnitud de los presuntos desvíos.
Mecanismo Presunto de Financiación
Diagrama del proceso mediante el cual los recursos públicos pasaban de la aprobación legislativa a las arcas de los grupos armados ilegales, según los testimonios de ex jefes paramilitares.
Distribución y Flujo de los Recursos
Análisis de los sectores institucionales más afectados y la distribución geográfica de los cupos indicativos presuntamente manipulados.
Distribución Sectorial del Riesgo
El sector infraestructura fue el principal vehículo para el lavado y desvío de activos, dada la magnitud de los presupuestos y la dificultad de auditoría en zonas de conflicto.
Concentración Territorial (Miles de Millones COP)
La influencia política en la región Caribe fue fundamental para direccionar recursos a alcaldías y gobernaciones controladas por el paramilitarismo.
Evolución Temporal de las Asignaciones Sospechosas
Correlación entre el aumento de presupuesto regional gestionado y el pico de control territorial del Bloque Norte de las AUC en la costa Caribe.
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