Las declaraciones de Angélica Monsalve Gaviria, abogada especialista en penal y magíster en derecho procesal, desatan un debate urgente sobre la profunda crisis de legitimidad que atraviesa la justicia en Colombia. En su cuenta de X, Monsalve hizo una radiografía contundente de lo que considera el «mercado de la justicia colombiana«, un espacio donde el poder y los intereses de la oligarquía se imponen sobre las necesidades de los ciudadanos. Según Monsalve, más de cincuenta millones de colombianos somos espectadores impotentes frente a un sistema que debería garantizar el bienestar común, pero que ha sido capturado por un pequeño grupo de privilegiados.
Este diagnóstico refleja una verdad incómoda: la politización de la justicia es un mal que corroe los cimientos del Estado colombiano. El Congreso, deslegitimado y enfocado en servir a las élites, las altas cortes elegidas a dedo por intereses políticos, y un sistema de medios que disimula y legitima estos abusos, configuran un panorama preocupante. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y más importante aún, cómo salimos de él?
El círculo vicioso de la justicia politizada
La politización de la justicia no es un fenómeno reciente en Colombia. Desde hace décadas, los diferentes poderes del Estado se han entrelazado con los intereses políticos y económicos de una élite que ha logrado perpetuar su control sobre los recursos y las decisiones fundamentales del país. Monsalve denuncia un Congreso que legisla en favor de estas «familias rancias», con una agenda diseñada para proteger sus propios intereses, mientras la mayoría de los colombianos enfrenta condiciones de desigualdad y falta de acceso a la justicia.
Lo más alarmante es que este proceso no solo afecta la calidad de las leyes y su aplicación, sino que ha penetrado en las más altas esferas judiciales. Las cortes, supuestamente garantes de la independencia y la equidad, se ven envueltas en un proceso de selección corrupto, controlado por quienes deberían ser objeto de su escrutinio. El fuero y otros mecanismos de inmunidad política protegen a los poderosos, mientras que el ciudadano común se ve desamparado frente a un sistema que, en teoría, está diseñado para proteger sus derechos.
Este círculo vicioso se cierra con el papel que juegan los medios de comunicación. La abogada es tajante al señalar cómo estos medios, en manos de la oligarquía, operan como lavadores de imagen para los corruptos, desdibujando los escándalos y minimizando las responsabilidades de los involucrados. Así, la narrativa mediática se convierte en una herramienta más para mantener el statu quo, mientras las voces disidentes y críticas son silenciadas o marginalizadas.
La urgente necesidad de una reforma estructural
La solución a esta crisis no pasa por simples reformas cosméticas. Monsalve apunta correctamente a la necesidad de un cambio estructural en la justicia colombiana. Entre las propuestas que plantea destaca la eliminación del fuero, un mecanismo que ha permitido a políticos y altos funcionarios eludir responsabilidades por sus acciones. Esta medida sería un paso importante para que todos, sin excepción, seamos iguales ante la ley.
Otra propuesta esencial es quitarle el poder político a las cortes. Las altas cortes, en lugar de actuar como garantes de la justicia, se han convertido en actores políticos que responden a los intereses de los poderosos. Devolver el poder al ciudadano implica democratizar los procesos judiciales, garantizar la transparencia en la elección de los jueces y establecer mecanismos claros de control ciudadano.
Finalmente, es crucial delimitar las potestades de los altos funcionarios y permitir la revocatoria de sus mandatos. La concentración de poder en manos de unos pocos ha permitido la perpetuación de la corrupción y la impunidad. Darle al pueblo la capacidad de revocar mandatos, a través de un proceso democrático y transparente, sería una herramienta efectiva para evitar que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común.
El camino hacia la justicia social
Colombia necesita una transformación profunda en su sistema de justicia, y esto solo se logrará si se rompen los lazos entre el poder político y el judicial. La justicia debe dejar de ser un mercado donde se reparten puestos y favores, y convertirse en una institución al servicio de la ciudadanía. Para ello, se requiere valentía, compromiso y, sobre todo, una voluntad colectiva que impulse las reformas necesarias.
La denuncia de Angélica Monsalve es un llamado a la acción. No podemos seguir permitiendo que la justicia sea secuestrada por intereses privados. Es hora de que los colombianos exijamos un sistema judicial que sea independiente, transparente y, sobre todo, justo. La dignidad del Congreso y de las altas cortes debe ser rescatada por personas probas que representen al pueblo, no a los clanes políticos que han azotado al país durante generaciones.
En un país donde el progreso es exclusivo para los políticos de turno, debemos unirnos para cambiar esta realidad. La justicia no puede seguir siendo un privilegio para unos pocos; debe ser un derecho para todos. Solo así podremos aspirar a construir una Colombia más equitativa y justa, donde el poder esté verdaderamente en manos de sus ciudadanos.
El sistema judicial colombiano se encuentra en una encrucijada. La politización de la justicia ha socavado la confianza en las instituciones y perpetuado un modelo de exclusión y desigualdad. Las propuestas de reforma planteadas son un primer paso hacia un cambio estructural, pero requieren de un compromiso político y social para hacerse realidad. Colombia merece una justicia que no sea manipulada por los poderosos, sino que sirva a todos por igual. Solo así lograremos una democracia real, donde el poder esté al servicio del pueblo y no de una élite privilegiada.
