Un documento entregado por el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a la Fiscalía revela presiones de congresistas para la asignación de cargos en la DIAN y la POLFA. La investigación busca determinar si estos nombramientos facilitaron la infiltración de estructuras criminales en la entidad tributaria y aduanera.
En la mañana de este martes, 18 de febrero, salió a la luz una lista entregada por el ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, a la Fiscalía General de la Nación. Este documento contiene los nombres de 38 congresistas y altos funcionarios que, presuntamente, habrían intervenido para la asignación de puestos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
La Fiscalía investiga si estas gestiones políticas facilitaron la infiltración de estructuras criminales dentro de la entidad. Uno de los nombres clave en la investigación es Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», un presunto contrabandista acusado de haber financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Entre los nombres de congresistas que aparecen en la lista destacan el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien habría recomendado el nombramiento de Bladimir Atencio en la DIAN de Cartagena; Enrique Cabrales (Centro Democrático), quien habría intercedido por Víctor Adolfo Gomes Casseres en Sincelejo; y Liliana Bitar (Partido Conservador), que habría solicitado un ascenso en Montería. También figuran Armando Benedetti y Roy Barreras, este último acusado de haber pedido el nombramiento de allegados en Buenaventura y Cali.
La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, confirmó que la investigación busca determinar si existe una red criminal operando dentro de la DIAN con la complicidad de funcionarios y si las designaciones irregulares permitieron la filtración de estructuras criminales. La posibilidad de que estas recomendaciones hayan facilitado el acceso de redes delictivas a organismos clave del control fiscal y aduanero en el país ha generado una creciente preocupación entre diversos sectores políticos y económicos.
Las respuestas de los implicados
Ante el escándalo, varios políticos mencionados en la lista han salido en defensa de su reputación. El Centro Democrático desmintió cualquier intervención en la DIAN y aseguró que, si algún miembro del partido lo hizo, actuó a título personal.
El senador Enrique Cabrales exigió que Reyes precise dónde y cuándo habría hecho alguna petición de nombramiento, mientras que Saray Robayo Bechara (Partido de la U) aseguró que no tiene vínculos con el gobierno Petro ni ha solicitado cargos. Por su parte, el senador Germán Blanco señaló que nunca se reunió con Reyes y que el caso de su mención en la lista responde a una interpretación errónea.
En medio de la controversia, algunos analistas políticos han destacado que este tipo de recomendaciones han sido una práctica común en Colombia a lo largo de la historia, aunque en este caso particular la preocupación radica en el posible favorecimiento a estructuras criminales. Esta situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de blindar las entidades del Estado de injerencias políticas y clientelistas.
El caso podría tener implicaciones legales, aunque juristas señalan que recomendar nombramientos no constituye un delito en sí mismo. Sin embargo, el hecho de que la lista haya sido entregada a la Fiscalía sugiere que la investigación podría destapar una posible red de corrupción y clientelismo dentro de la DIAN. A medida que el proceso avanza, la expectativa crece sobre las posibles repercusiones políticas y judiciales para los involucrados.
El escándalo también pone sobre la mesa la necesidad de revisar los procesos de selección en entidades clave del Estado para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. En un país donde la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos, este caso podría ser un punto de inflexión para fortalecer la transparencia y la independencia institucional.
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