La firma del decreto presidencial que convoca a una consulta popular el próximo 7 de agosto no solo marca un punto de inflexión en la agenda social del Gobierno Petro: desenmascara, además, la hipocresía de una oposición que hoy se escandaliza con un recurso constitucional que ignoró mientras hundía —sin debate de fondo— la reforma laboral. El “decretazo” no es un atentado al orden jurídico, sino una maniobra política que responde a un Congreso más hábil para bloquear que para construir.
El 14 de mayo, con una votación de 49 contra 47, el Senado sepultó la posibilidad de llevar a consulta popular las 12 preguntas planteadas por el Gobierno sobre garantías laborales, derechos sindicales y redistribución de cargas. Pero esa decisión se tomó sin agotar el debate en comisiones ni abrir espacio real para ajustes. Se trató, en efecto, de un entierro exprés con sello mayoritario, pero sin legitimidad argumentativa. En otras palabras, no se discutió lo que debía discutirse: cómo construir un nuevo pacto laboral en un país donde el 57% de la población ocupada sigue en la informalidad, según el DANE.
Ante ese vacío deliberativo, el presidente Petro firmó el decreto que reactiva la consulta, con respaldo de todos sus ministros y con un matiz clave: el decreto podría derogarse si el Congreso aprueba antes del 7 de agosto una reforma laboral concertada. No es imposición, es presión institucional. En palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, “si la ley sale como producto de una concertación con el Senado, no como una imposición, entonces habría una derogatoria del decreto”. La jugada recuerda una verdad constitucional olvidada por muchos: el pueblo también tiene el poder constituyente.
Los opositores del decreto —senadores de derecha, comentaristas políticos y columnistas de “centrismo prudente”— reaccionaron con indignación casi teatral. “Oscuro día para el país”, “Petro viola la Constitución”, “Demandaré este decreto”. Palabras grandes para quienes no movieron un dedo para debatir la reforma ni propusieron un texto alternativo. ¿Dónde estaban los defensores del orden democrático cuando se archivaban proyectos sociales por tecnicismos de procedimiento?
No es menor que la firma del decreto se haya dado en uno de los momentos más críticos de seguridad para el país. El atentado contra el senador Miguel Uribe —que permanece en cuidados intensivos— y la escalada de violencia en el suroccidente, con al menos seis muertos, ponen a prueba la capacidad del Estado. Pero justamente por eso el llamado a consulta cobra mayor sentido: ¿puede haber paz sin justicia laboral? ¿Puede el Gobierno responder a la inseguridad sin resolver las causas estructurales que la alimentan?
La Corte Constitucional tendrá ahora la última palabra sobre la viabilidad del decreto. Y es necesario que lo haga sin sesgos, ponderando el principio de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución. Porque lo cierto es que el decreto no impone una ley, sino que convoca a la ciudadanía para decidir si quiere que el Congreso legisle bajo nuevos parámetros. No es un capricho bolivariano, es un llamado a los fundamentos de la democracia participativa.
Al final, la pregunta no es si Petro se extralimitó —esa será materia de control constitucional—, sino si el Congreso está dispuesto a legislar con responsabilidad o seguirá parapetado tras las formalidades para evadir los cambios. La consulta popular es una herramienta legítima, pero no debe convertirse en el último recurso de un gobierno cercado por la obstrucción sistemática.
Quienes hoy se rasgan las vestiduras deberían recordar que el problema no es que el Ejecutivo convoque al pueblo. El verdadero problema es que el Legislativo no convoque ni al sentido común.
El Congreso tiene aún la última palabra. Pero si decide callar otra vez, que no se sorprenda cuando el pueblo quiera hablar más fuerte. Después de todo, en democracia, el peor pecado no es consultar… es ignorar.
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