El Consejo de Estado aceptó la intervención de dos ciudadanos como terceros coadyuvantes en el proceso contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por doble militancia. Sin embargo, las pruebas presentadas por estos no fueron admitidas, lo que resta contundencia a sus aportes en el proceso.
En el marco del proceso contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por un supuesto caso de doble militancia, el Consejo de Estado tomó una decisión que genera un giro inesperado. Aunque se permitió la participación de Edgar Efraín Cerón Tobar y Juan Carlos Álvarez Hernández como terceros coadyuvantes en el caso, las pruebas que buscaron incluir fueron rechazadas por la alta corte.
Esta situación limita significativamente la incidencia de los coadyuvantes, quienes solo podrán ofrecer sus versiones sin la posibilidad de sustentar sus argumentos con evidencias adicionales. Según analistas jurídicos, esta decisión disminuye el peso de la intervención de Cerón y Álvarez en un proceso que se considera crucial para la política regional.
El Consejo de Estado, en su función de garantizar la imparcialidad y el cumplimiento de los procedimientos, dejó claro que la no admisión de estas pruebas responde a criterios legales, aunque también plantea interrogantes sobre la influencia que tendrán las versiones de los terceros en el fallo final, previsto para marzo.
La demanda contra el gobernador Escobar, basada en acusaciones de doble militancia, mantiene expectantes a diversos sectores políticos y ciudadanos de Nariño. Sin embargo, la ausencia de elementos probatorios por parte de los coadyuvantes podría inclinar el debate hacia los argumentos de la defensa del gobernador.
Los defensores de Escobar confían en que la decisión del Consejo de Estado ratifique la legitimidad de su mandato, mientras que políticos de diversas corrientes ya se preparan para aprovechar cualquier oportunidad de campaña si el fallo resulta desfavorable. La posibilidad de destitución del gobernador no solo significaría un cambio drástico en el liderazgo regional, sino también una reconfiguración del panorama político.
Con el fallo único y definitivo programado para marzo, las especulaciones no se han hecho esperar. Analistas regionales consideran que, de declararse la doble militancia, se abriría una carrera política anticipada, con aspirantes listos para capitalizar el vacío de poder. Entre tanto, los ciudadanos observan con interés y preocupación el desarrollo de un proceso que podría marcar un antes y un después en la política del departamento.
Cerón Tobar y Álvarez Hernández, aunque limitados en su participación, seguramente insistirán en que sus testimonios reflejan el compromiso ciudadano con la ética política. Sin embargo, sin pruebas admitidas, su incidencia podría ser marginal en la decisión final del alto tribunal.
Aquí el documento del auto del Consejo de Estado:
