La corrupción en la administración pública sigue siendo un cáncer que carcome las instituciones y merma la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Lo que ocurre en Nariño, especialmente con la dirección de Corponariño y los recursos destinados al cuidado, protección y preservación del medio ambiente, es un reflejo de cómo el poder se aferra a cualquier estratagema legal o fraudulenta para perpetuarse.
Es muy probable que, a más tardar, el próximo jueves 27 de febrero, se presente de forma definitiva la destitución del cargo de Andrés Díaz Rodríguez, como director de Corponariño. Sin embargo, lo que se ha vivido en los últimos meses ha sido una lucha encarnizada por dilatar los tiempos judiciales y administrativos a través de maniobras leguleyas, algunas de ellas con alta probabilidad de comprobarse como fraudulentas.
El abogado que realizó los proceso ha demostrado ser un experto en dilaciones procesales, algunas con graves afectaciones a la ética, logrando extender la resolución de la sentencia en firme por más de tres meses. Desde el 14 de noviembre, fecha en la que se emitió la sentencia que ordena la destitución, se han interpuesto recusaciones, solicitudes de aclaración y demás mecanismos legales con el fin de prolongar la permanencia en el cargo del director de Corponariño. Lo más grave es que dentro de estas estrategias se ha identificado una posible falsificación de documentos, incluyendo la firma de una abogada, lo que constituye un delito de falsedad en documento privado.
Este tipo de prácticas dejan en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial y administrativo en Colombia. La buena fe con la que se espera que las instituciones actúen respetando el debido proceso se convierte en una debilidad cuando se permite que documentos falsificados sirvan de base para continuar con recusaciones y otros recursos dilatorios. La misma abogada cuya firma fue suplantada presentó las denuncias respectivas, pero a pesar de ello, las autoridades permitieron que el proceso continúe.
A esto se suma la inoperancia de la sección primera del Consejo de Estado, que tardó 20 días en emitir el auto que confirma el rechazo a la recusación de la sala quinta. Esta demora sin justificación aparente genera sospechas sobre posibles influencias corruptas dentro del propio sistema judicial. Lo cierto es que, gracias a la presión ejercida por distintos actores, el auto finalmente fue remitido a la sala quinta, donde se espera que la decisión se tome en la próxima sesión del jueves.
La destitución del director de CorpoNariño es inminente. En cuanto quede en firme la sentencia y se resuelvan los recursos pendientes, su salida del cargo será automática. Sin embargo, el daño ya está hecho. Probablemente, se estima que entre 15 y 20 mil millones de pesos han sido comprometidos en contrataciones este año, que aseguran las cuotas del actual director. Es probable que la junta directiva de Corponariño haya impuesto límites presupuestales, y se presume que el director las habría ignorado.
Estas y otras maniobras evidencian una intención clara de manipular la administración pública en beneficio propio, asegurando la permanencia de una red clientelar incluso después de la salida del director.
El caso de Corponariño no es aislado. Es un reflejo de la manera en que el poder se aferra a las instituciones utilizando herramientas legales y fraudulentas para dilatar lo inevitable. Mientras tanto, los recursos que deberían destinarse al desarrollo del departamento, en áreas tan cruciales como la protección, cuidado y reserva del medio ambeinte, se desvanecen en maniobras administrativas y judiciales que solo benefician a unos pocos.
Es urgente que las entidades de control y la fiscalía actúen con celeridad para sancionar a los responsables. No basta con la destitución del director; es necesario que se investigue y castigue a quienes participaron en la falsificación de documentos y en la dilatación indebida del proceso. Si estas prácticas quedan impunes, seguirán repitiéndose una y otra vez, perpetuando un círculo vicioso de corrupción e impunidad.
La ciudadanía también tiene un papel fundamental en este proceso. Es necesario ejercer veeduría, denunciar las irregularidades y exigir transparencia en la gestión pública. La indiferencia solo favorece a quienes se benefician del desorden y la falta de control. Nariño merece instituciones sólidas, comprometidas con el desarrollo y alejadas de las redes de corrupción que han impedido su progreso por décadas.
La esperanza está en que este sea un caso ejemplar, que siente un precedente y marque un punto de quiebre en la forma en que se administra el poder en la región. Si se logra la destitución y la judicialización de los responsables, se enviará un mensaje claro de que la impunidad no puede seguir reinando. Pero si, por el contrario, este caso se diluye entre tecnicismos y maniobras judiciales, se estará reafirmando que la corrupción sigue teniendo cómplices en todos los niveles del poder.
La historia está en desarrollo y las próximas semanas serán cruciales para determinar si en Nariño se impone la justicia o si, una vez más, la corrupción logra burlar al Estado y perpetuar su dominio sobre los recursos públicos. La ciudadanía debe mantenerse alerta y exigir que se haga lo correcto.
Con la agenda judicial ya definida, se espera que el próximo jueves la Sala Quinta emita la decisión final, dejando en firme la sentencia y, con ello, la destitución inmediata del funcionario. Sin embargo, ante la serie de maniobras que han logrado frenar el proceso por meses, persiste la incertidumbre sobre si realmente se ejecutará la destitución o si nuevas tácticas dilatorias seguirán retrasando la justicia para Nariño.
Anulación de la elección por irregularidades
El 14 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Díaz Rodríguez como director general de Corponariño para el período 2024-2027. La decisión se basó en irregularidades detectadas durante el proceso electoral, especialmente en la modificación de la convocatoria sin seguir los procedimientos establecidos en los estatutos de la corporación. Según el fallo, el presidente y el secretario del consejo directivo alteraron los términos de la convocatoria mediante un aviso, cuando dicha modificación debía realizarse a través de un acto administrativo del órgano colegiado. Además, se incumplió el plazo mínimo de diez días de antelación para la citación a las sesiones ordinarias, ya que las convocatorias se realizaron con solo siete y nueve días de anticipación.
Protestas y cuestionamientos al proceso electoral
Desde el inicio, la elección de Díaz Rodríguez generó descontento entre diversos sectores. El sindicato de trabajadores de Corponariño manifestó su inconformidad, argumentando que la entidad continuaba siendo un «fortín de la politiquería» controlado por la familia Enríquez Rosero. Tras la elección, miembros del sindicato realizaron protestas pacíficas en las instalaciones de la corporación, portando pancartas con mensajes como «Fuera Clan Enríquez». Germán Bastidas, presidente de Sintracorponariño, expresó su esperanza de que, pese a la continuidad representada por Díaz Rodríguez, se promoviera una renovación total dentro de la organización para su crecimiento y transparencia.
Capturas por presuntos actos de corrupción
En noviembre de 2024, la situación en Corponariño se agravó con la captura de tres personas, entre funcionarios y contratistas de la entidad, por presuntos actos de corrupción relacionados con actividades de aprovechamiento forestal. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación se centraron en irregularidades en los permisos de movilización y aprovechamiento de madera, hechos que habrían ocurrido en 2022. El director Díaz Rodríguez aseguró que la corporación colaboraría plenamente con las investigaciones y destacó que se habían iniciado varias indagaciones disciplinarias para atender denuncias presentadas en el último año.
Convocatoria de asamblea sin seguir la normativa
En marzo de 2024, Díaz Rodríguez fue señalado por convocar una asamblea corporativa sin cumplir con las normativas establecidas. La convocatoria a los alcaldes del departamento se realizó con una anticipación insuficiente, coincidiendo con otros compromisos previamente adquiridos por los convocados. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de los plazos de convocatoria estipulados en los estatutos de Corponariño y solicitó una evaluación jurídica del incumplimiento, advirtiendo sobre posibles vulneraciones al debido proceso administrativo y a los derechos políticos de los alcaldes del departamento.
Reacciones y futuro de Corponariño
La anulación de la elección de Díaz Rodríguez y las investigaciones por presunta corrupción han generado un clima de incertidumbre en torno al futuro de Corponariño. Diversos sectores de la sociedad nariñense han exigido transparencia y una reestructuración profunda de la entidad para garantizar una gestión ambiental adecuada y libre de influencias políticas. Se espera que el proceso de elección de un nuevo director se realice con estricto apego a las normativas vigentes, asegurando la participación legítima de todos los actores involucrados y restaurando la confianza de la comunidad en la corporación.
En ese sentido, se debe empezar por la legitimidad de quienes representan a los diferentes sectores de la sociedad de Nariño y que toman parte en la decisión para elegir al director de Corponariño como por ejemplo: representante de las comunidades indígenas, representantes de ONG’s (para que no sean los mismos de siempre), representantes de sector comercial, representantes de los alcaldes, entre otros.
En esta entrevista en el «El Radar del Sol», realizada el 2 de diciembre de 2023 la líder indígena Edith Imelda Colimba, perteneciente al resguardo indígena del Gran Cumbal, expresó su preocupación y desacuerdo con la elección del nuevo director de CORPONARIÑO. La entrevista se centró en las presuntas irregularidades en la representación de las comunidades indígenas en este proceso.En este contexto, es imperativo que las autoridades competentes supervisen de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Corponariño, velando por la legalidad y transparencia en cada etapa del proceso. Solo mediante acciones concretas y comprometidas se podrá fortalecer la institucionalidad y garantizar que la gestión ambiental en Nariño responda a los intereses y necesidades de sus habitantes.
¿Se hará justicia?
Este caso deja en evidencia cómo la corrupción no solo se manifiesta en el desfalco de recursos públicos, sino también en la manipulación del aparato judicial para evitar sanciones. La pregunta que flota en el ambiente es si el Consejo de Estado logrará finalmente hacer cumplir su propio fallo o si seguirá atrapado en el laberinto de argucias legales diseñadas para blindar a quienes abusan del poder.
Si la destitución de Andrés Díaz Rodríguez se ejecuta el próximo jueves, será un paso clave para recuperar la credibilidad de Corponariño y del sistema judicial. De lo contrario, será una nueva muestra de que en Colombia la justicia no siempre es el principio rector, sino un obstáculo que los poderosos saben sortear con facilidad.
Nota relacionada, publicada por El Radar del Sol, el 29 de febrero de 2024, sobre el tema:
