La crisis de acceso a los medicamentos en Colombia genera una serie de debates, acusaciones y desinformación. Es común escuchar que el gobierno no quiere entregar los medicamentos, pero antes de llegar a esa conclusión, es fundamental entender cómo funciona realmente este sistema y quién controla el acceso a los medicamentos en el país.
El mercado de los medicamentos: cuando la salud se convierte en negocio
El acceso a los medicamentos en Colombia no es solo una cuestión de salud pública, sino también un negocio estructurado en torno a la intermediación y el lucro. Si bien el derecho a la salud está garantizado en la Constitución, el sistema actual permite que la compra y distribución de medicamentos sea manejada casi exclusivamente por actores privados.
El Estado, a través del ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), transfiere recursos a las EPS (Empresas Promotoras de Salud), quienes a su vez contratan gestores farmacéuticos para la compra y entrega de medicamentos. Aquí radica el primer gran problema: una vez que el dinero sale del ADRES y entra en las cuentas de las EPS, el Estado pierde el control sobre su destino y uso.
De hecho, el 99% de los recursos del sistema de salud provienen de los trabajadores y de la Nación, es decir, son dineros públicos. Sin embargo, se ha construido la narrativa de que la reforma en curso busca «estatizar el sistema», cuando en realidad lo que se busca, entre otros aspectos, es recuperar el control público de unos recursos que ya lo son.
Falta de control y corrupción: las pérdidas millonarias del sistema
Uno de los problemas más graves es la falta de control sobre la compra y distribución de medicamentos. Al estar en manos privadas, el sistema ha permitido la especulación y sobrecostos injustificados. Según informes recientes del ADRES, el 23% de los medicamentos adquiridos por los gestores farmacéuticos no fueron reportados ni tuvieron en cuenta el SISMED (Sistema de Información de Precios de Medicamentos), lo que generó sobrecostos por 985.000 millones de pesos.
Además, detectaron prácticas fraudulentas como la creación de empresas de papel que agrupan hospitales y gestores farmacéuticos para desviar dineros públicos a paraísos fiscales. Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando barreras para acceder a sus tratamientos.
Desorden en la distribución: cuando la ineficiencia niega tratamientos
A la corrupción y la falta de control se suma el desorden en la gestión de medicamentos. Las inspecciones de la Superintendencia de Salud encontraron que muchos gestores farmacéuticos no tienen un sistema de información eficiente, lo que lleva a que los pacientes sean devueltos sin sus medicamentos, aunque estos sí estén en inventario.
Recientemente, el Superintendente Giovanny Rubiano detectó en una visita que varios medicamentos no estaban siendo entregados a los pacientes, a pesar de que había disponibilidad en las bodegas. Esta situación pone en riesgo la vida de miles de personas y evidencia un sistema altamente ineficiente.
Nariño en crisis: la falta de medicamentos más allá del invierno
En el caso específico de Nariño, algunas personas piensan la crisis de los medicamentos es atribuida solo a la emergencia invernal, pero la realidad es que el problema es estructural y nacional. Empresas proveedoras como Audifarma, Genhospi, Nueva EPS y Sanitas presentan fallas graves en la entrega de medicamentos, lo que ha motivado investigaciones por parte del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN).
El IDSN informó a la Superintendencia de Salud sobre las irregularidades detectadas y continúa con procesos de inspección y vigilancia. Sin embargo, las dificultades persisten, afectando a miles de usuarios en la región.
Reformar el sistema: ¿hacia un modelo más transparente y eficiente?
Ante este panorama, es evidente que el problema no es la falta de recursos, sino la corrupción y la ineficiencia en la gestión de los mismos. En los últimos cinco meses, el Gobierno giró 1,6 billones de pesos a los gestores farmacéuticos, desmintiendo la afirmación de que no se están entregando los medicamentos por falta de fondos.
La reforma a la salud busca precisamente terminar con la intermediación, transparentar la compra de medicamentos a través de plataformas públicas en línea y centralizar adquisiciones para reducir costos y garantizar el acceso a los tratamientos.
El problema de acceso a los medicamentos en Colombia no radica en una supuesta falta de voluntad del Gobierno, sino en un sistema diseñado para favorecer la intermediación y la especulación. El modelo actual permite que miles de millones de pesos terminen en cuentas privadas, mientras los pacientes siguen enfrentando dificultades para recibir sus tratamientos.
Reformar el sistema no significa estatizarlo, sino recuperar el control público de unos recursos que ya pertenecen a la Nación y a los trabajadores. Sin cambios estructurales, la crisis de los medicamentos seguirá siendo una constante en la vida de los colombianos, afectando especialmente a los más vulnerables.
En este contexto, existen congresistas cuyas campañas fueron patrocinadas por los dueños de las EPS, lo que explica su férrea defensa del sistema actual. La intermediación en la salud no solo es un negocio, sino también un instrumento de poder político que ha frenado cualquier intento de reforma estructural. La resistencia no es gratuita: mantener el statu quo asegura el control de un mercado multimillonario.
La crisis en la entrega de medicamentos no es producto de una decisión gubernamental reciente, sino el resultado de años de descontrol, corrupción y especulación en el sector salud. Argumentar que el Gobierno es el responsable de la escasez es ignorar el verdadero problema: la entrega de los recursos públicos a actores privados sin auditoría externa ni control efectivo.
