Desde hace casi un siglo, la comunidad religiosa de las Hermanas Bethlemitas ha estado al frente de una de las instituciones educativas más emblemáticas de El Tambo, Nariño. Su labor ha sido reconocida por generaciones de familias que valoran la formación en principios cristianos, la disciplina y el compromiso con la educación. Sin embargo, hoy la continuidad de este legado se encuentra en riesgo. Un conflicto interno entre la rectora religiosa y un docente sindicalizado escaló hasta dividir a la comunidad entre quienes apoyan la permanencia de las hermanas y quienes defienden la necesidad de una educación libre de cualquier influencia ideológica, ya sea política o religiosa.
El conflicto estalló con fuerza en los últimos meses, poniendo en entredicho no solo la gestión de la rectora religiosa, sino el propio modelo de administración educativa. El profesor sindicalizado, como presidente del sindicato, presentó denuncias contra su dirección, sumando 30 quejas de lo educadores en menos de dos años. La rectora, por su parte, manifestó que esto responde a una persecución, mientras que el docente sostiene que su labor es velar por los derechos de los educadores.
El enfrentamiento sacó a la luz una discusión más profunda: ¿pueden la educación pública y la gestión religiosa convivir en un mismo espacio? ¿Existe un punto de equilibrio entre la tradición de un colegio con valores cristianos y el derecho a una educación laica?
El dilema de la educación en valores
La presencia de comunidades religiosas en la educación no es nueva en Colombia. A lo largo de los años, muchas instituciones dirigidas por congregaciones han formado ciudadanos con sólidos principios morales. Sin embargo, la educación pública debe garantizar la pluralidad y la inclusión, permitiendo que todas las creencias coexistan sin imposiciones.
Quienes defienden la permanencia de las hermanas en la dirección del colegio argumentan que su aporte ha sido invaluable en la formación de varias generaciones, promoviendo el respeto, la responsabilidad y el compromiso social. Pero sus detractores sostienen que la educación pública debe estar al margen de cualquier orientación religiosa y que la dirección del colegio debe responder a criterios académicos y administrativos antes que a doctrinas particulares.
El conflicto sindical: ¿defensa de derechos o persecución?
El problema no se limita a un debate ideológico. En el fondo, este caso refleja también una fractura en la relación laboral entre la administración del colegio e integrantes del cuerpo docente. Más allá de quién tenga razón, lo cierto es que la escuela no puede convertirse en un campo de batalla donde los conflictos administrativos y sindicales interfieran con el proceso educativo. La relación entre los directivos y los profesores debe basarse en el diálogo, el respeto y la búsqueda del bienestar de los estudiantes, razón de ser de su trabajo.
Si la comunidad religiosa ha promovido un ambiente en el que la diferencia de pensamiento no es bien recibida, entonces es momento de replantear su permanencia en la dirección de la institución. Pero si lo que ocurre es una lucha de poder entre bandos enfrentados, la solución no puede ser otra que el entendimiento y la conciliación.
La controversia aquí no es menor. En términos administrativos, la comunidad religiosa gestiona el colegio porque es propietaria de la infraestructura, y la Secretaría de Educación ha mantenido el convenio que le permite hacerlo, y ratifica el cargo en la rectoría a la religiosa. Esto permite que las Bethlemitas promuevan un modelo de formación basado en la fe, en una sociedad que cada vez más reclama la separación entre Iglesia y Estado en asuntos educativos, sin embargo, el educador manifiesta el deseo de que las hermanas continúen, pero no en la rectoría, dado que para ello se debe entrar en el concurso docente.
Por un lado, es innegable que la educación no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, sino también de formación en valores. Para muchos padres de familia, el enfoque de las hermanas ha sido clave en la construcción de una comunidad con principios y sentido de responsabilidad. Sin embargo, esto no puede ser argumento suficiente para ignorar que la educación pública debe ser incluyente, plural y respetuosa de todas las creencias.
El problema de fondo es que, cuando un modelo educativo se fundamenta en una cosmovisión particular, deja fuera a quienes no se identifican con ella. La educación pública debe garantizar espacios donde el conocimiento, la ciencia y el pensamiento crítico sean los pilares del aprendizaje. En ese sentido, el principio de laicidad no implica la eliminación de valores, sino la construcción de un espacio donde todas las perspectivas puedan convivir sin imposiciones.
El conflicto laboral, un síntoma de un problema mayor
Más allá del debate filosófico sobre la educación religiosa y laica, este caso también ha puesto en evidencia un choque entre modelos de gestión. La comunidad religiosa administra el colegio con su propio enfoque, mientras que los docentes, a través del sindicato, exigen condiciones laborales que consideran justas.
El alto número de denuncias presentadas contra la rectora indica que algo no está funcionando bien en la relación entre la dirección y el cuerpo docente. ¿Se trata de una persecución sindical, como ella lo asegura, o de una gestión que no ha sabido dialogar con sus educadores? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que un colegio no puede ser campo de batalla entre la dirección y los profesores, porque quienes terminan perjudicados son los estudiantes.
Este conflicto no se resuelve simplemente tomando partido por uno de los sectores. Se necesita un análisis serio sobre cómo garantizar que la educación en El Tambo responda a los principios de inclusión, calidad y respeto por los derechos de todos los actores.
¿Pueden convivir las comunidades religiosas y la educación pública?
La pregunta que surge es si la educación pública y la presencia de comunidades religiosas pueden coexistir en un marco de respeto a la diferencia. La respuesta es sí, siempre y cuando exista un equilibrio real entre el legado de estas instituciones y el derecho de los estudiantes a recibir una educación libre de sesgos.
El problema no es que una congregación administre un colegio, sino que lo haga sin considerar que la educación debe ser incluyente. Si en el colegio de El Tambo se ha construido un espacio donde todas las creencias son respetadas y los estudiantes tienen libertad para formar su propio pensamiento, no hay razones para apartar a la comunidad religiosa de la administración. Pero si esto no ha ocurrido, es evidente que algo debe cambiar.
El dilema que se plantea ahora es significativo: ¿se irán las hermanas del municipio o el profesor tomará otro rumbo en otra institución? La decisión que se tome no solo definirá el futuro del colegio, sino que también marcará un precedente sobre el papel de la educación confesional en un sistema público.
Un llamado a la reflexión
Más allá del desenlace de este caso, lo importante es que la comunidad educativa de El Tambo reflexione sobre el tipo de educación que desea para sus jóvenes. No se trata solo de elegir entre una administración religiosa o laica, sino de garantizar un modelo que priorice la calidad, el respeto y la formación de ciudadanos críticos y libres. De contar con docentes comprometidos con la calidad educativa y con el contexto, docentes que aporten a la transformación social.
Las partes en conflicto deberán tomar una decisión, y esperamos que sea la mejor para el bienestar de los jóvenes en formación. La educación no debe ser un escenario de disputas ideológicas o personales, sino un espacio donde la pluralidad y el aprendizaje vayan de la mano.
Un momento clave para El Tambo
Ya se cumplieron los 15 días para que la Secretaría de Educación Departamental vuelva al municipio, como se anunció, para el seguimiento al tema. Es inminente que en los próximos días, se tomará una decisión clave sobre el futuro de la comunidad religiosa en la dirección del colegio. Este no es un tema menor: lo que ocurra aquí marcará un precedente sobre cómo se concibe la educación en la región y hasta qué punto las comunidades religiosas pueden seguir administrando colegios financiados con recursos públicos.
El conflicto en el colegio de El Tambo expone las tensiones entre la educación confesional y la laicidad, y también deja en evidencia otro fenómeno común en las instituciones educativas del país: la lucha de poder entre directivas y sindicatos.
Los sindicatos de educadores tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos laborales del magisterio. Históricamente, han sido actores clave en la lucha por mejores condiciones salariales, estabilidad laboral y dignificación de la profesión docente. Sin embargo, cuando un sindicato o un líder sindical asumen una postura confrontativa constante, el límite entre la legítima defensa de los trabajadores y el ejercicio de una presión excesiva sobre la administración se vuelve difuso.
En este caso, la acumulación de 30 quejas contra la rectora en menos de dos años es un dato que merece análisis. Si bien puede reflejar problemas reales de gestión, también puede interpretarse como parte de una estrategia de desgaste institucional que va más allá de la simple denuncia de irregularidades.
Por otro lado, el liderazgo de cualquier institución educativa, sea laico o confesional, debe estar abierto a la retroalimentación y la mejora constante.
Este conflicto en el colegio de El Tambo refleja un choque de poderes donde ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder. Y cuando el interés individual –ya sea de la rectoría o del sindicalismo– se impone sobre la verdadera razón de ser de la educación, que es la formación de los estudiantes, la enseñanza pierde su rumbo.
Lo ideal no es que una parte gane y la otra pierda, sino que ambas encuentren un punto en común. La defensa de derechos laborales no debe ser una guerra contra la administración, así como la dirección de una institución educativa no debe convertirse en un escenario de imposiciones. Si se permite que el conflicto se defina por el triunfo de uno sobre el otro, los más afectados, insisto, serán los estudiantes.
Independientemente del desenlace, hay una pregunta que la comunidad educativa de El Tambo debe hacerse: ¿cómo queremos que sea nuestra educación en el futuro? La respuesta no puede basarse solo en tradiciones, sino en un compromiso real con la formación de ciudadanos críticos, libres y capaces de construir una sociedad más equitativa.
El reto ahora es garantizar que, más allá de quién administre el colegio, se respeten los principios de inclusión, diálogo y calidad educativa. La educación es un derecho, no un campo de disputa ideológica, ni un choque de poderes que buscan satisfacer sus intereses.
